El PP dice que el 90% de las empresas públicas no cumplió la legalidad en 2010 y se plantea denunciarlo por fraude

El PP ha asegurado que el 90% de las empresas públicas no cumplió la legalidad en 2010, según detalla el informe de la Sindicatura de Comtes sobre las cuentas de la Comunidad, por lo que se plantea presentar denuncias por prevaricación y fraude.

El PP ha asegurado que el 90% de las empresas públicas no cumplió la legalidad en 2010, según detalla el informe de la Sindicatura de Comtes sobre las cuentas de la Comunidad, por lo que se plantea presentar denuncias por prevaricación y fraude.

La portavoz parlamentaria de los 'populares', Mabel Cabrer, ha explicado en rueda de prensa que "nunca en la historia" de Baleares había ocurrido que el "90% de las empresas públicas tenga una auditoría de legalidad adversa".

"Estas empresas —ha incidido— incumplen la Ley de contratos" y tienen informe adverso Ibavi, Abaqua, SFM, la ATB, el IBANAT, el IDI, Ports de las Illes Balears, Espais de Natura, Semilla, Parc Bit, Caib Patrimoni, Ibabsa, Bitel, Sitibsa, Multimedia, Tranvía de Palma, Gestión de Emergencias y la Agencia Tributaria.

Cabrer ha señalado que "llegarán hasta el final", porque no "es de recibo que "tantas empresas públicas" incumpliesen con la legalidad en un momento en que "más que nunca se aseguraba que se estaba cumpliendo la ley". Así, ha detallado que en el informe anterior, sólo Illesport se encontró en esa situación.

Desde el PP han criticado que el Ib-Salut tenga "un suspenso generalizado en gasto de personal y de contratación". "En personal, hay un desorden voluminoso" y "casi el 100% de esta materia incurre en irregularidades", además de las habidas "en materia de contratación", ha dicho Cabrer.

Fraccionamiento generalizado

Para Cabrer, en las de contratación destaca el fraccionamiento generalizado, "cosa que está prohibida", así como "las irregularidades sustanciales en el modificado de Son Espases, que aumentó un 34% y sin concurso sólo está permitido un 20%". Según ha especificado los motivos del mismo, que eran el "impacto visual de Sa Real, no es causa legal de interés general que justifique el modificado de 280 millones de euros".

Así, ha dicho que la adjudicación del hospital de Can Mises en Ibiza, "no se hizo conforme a la legalidad porque la oferta ganadora introducía una serie de mejoras que luego no estaban incluidas en el contrato y este criterio no se aplicó a la otra licitadora".

La 'popular' ha afirmado que respecto a los SFM, se produjeron "desfases presupuestarios", entre ellos los de las obras de la línea que va de Manacor a Artá y "no constan actuaciones para cubrir este desfase, lo cual es muy grave". Este convenio no amparaba los 269 millones de euros adjudicados en el año 2010, ya que el Govern sólo tenía un compromiso del Gobierno central de 57 millones de euros.

Por esto, Cabrer ha considerado que tras estos hechos "se pueden esconder delitos de prevaricación, malversación y fraude en la Administración" en los que profundizarán después de "todo lo vivido en la legislatura pasada" y por lo que llegarán "hasta el final".

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