El Gobierno de Cantabria remitirá el anteproyecto de Ley de Montes al Consejo de Estado para que emita dictamen sobre el texto, un trámite que no es necesario pero con el que se quieren ofrecer "mayores garantías" en el proceso. Además, se dará más tiempo a los afectados para que presenten sus alegaciones y puedan acreditar la propiedad de sus parcelas.

Así lo ha explicado este lunes el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que junto al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, ha recibido en el Gobierno a varios representantes de este colectivo, a los que acompañaban decenas de afectados que han permanecido concentrados a las puertas de la sede regional mientras ha durado la reunión.

La propuesta de la administración regional plantea todavía dudas a los afectados, que piensan que les quieren "dar largas", reclaman una solución antes de las elecciones y demandan que se concreten qué documentos se van a considerar válidos para acreditar la propiedad de las parcelas.

En declaraciones a los periodistas, el jefe del Ejecutivo cántabro ha recalcado que el Gobierno no quiere quitar a nadie sus parcelas y, por eso, se va a intentar "por todos los medios, respetando la legalidad", que nadie que tenga una propiedad, "con o sin papeles", se quede sin ella.

Por lo pronto, lo primero que va a hacer el Ejecutivo, este mismo martes, es remitir el anteproyecto de ley al Consejo de Estado, un trámite que se puede demorar entre uno y tres meses, lo cual hace difícil que la ley pueda quedar aprobada en esta legislatura.

Una vez se tenga ese dictamen, se dará un plazo "razonable" para que los afectados puedan presentar sus reclamaciones, que serán analizadas individualmente. Para ello, el Gobierno ha contratado a los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria Juan Pazos y Juan Manuel Alegre, que van a examinar una a una todas esas reclamaciones.

En aquellos casos en los que haya documentos que acrediten la propiedad, bien porque se pagaron arbitrios en su día, o porque haya informes de las juntas vecinales, las resoluciones serán favorables, según ha señalado Revilla, quien ha apuntado también la posibilidad de resolver a favor de los afectados incluso en casos en los que no haya papeles.

Y es que, según ha indicado, en derecho también se reconoce la costumbre de uso de la propiedad, cuestión que podría ser acreditada, por ejemplo, por informes de las juntas vecinales.

Se buscará el "mínimo resquicio"

El presidente ha resaltado la voluntad del Gobierno de buscar "el mínimo resquicio" y encontrar solución para todos los que puedan acreditar "mínimamente" la propiedad, y se ha mostrado convencido de que en el 90 por ciento de los casos habrá solución. Al que no logre acreditarlo, "siempre le quedará la vía judicial", ha agregado.

Lo que ha dejado claro Revilla es que el Gobierno no puede mantener las concesiones cuando no se acredite de alguna forma la propiedad o el uso de las parcelas. "Yo lo que quiero es que se solucionen todos los casos, pero un Gobierno no puede cometer ilegalidades, porque estamos expuestos a denuncias de terceros", ha enfatizado.

Como prueba de esa voluntad de la administración regional de encontrar soluciones, ha señalado que esta semana se han resuelto favorablemente las reclamaciones de 36 afectados de Viérnoles y otros 27 de Cartes. Pero para eso ha insistido en que hace falta "algún tipo de prueba", porque de lo contrario el Gobierno podría incurrir en prevaricación al conceder la propiedad a personas que no tienen acreditado el uso.

Por último, el presidente ha dejado claro que el Ejecutivo lo que está haciendo es trasladar a la normativa autonómica una ley básica del Estado de obligado cumplimiento aprobada en 2003 por el Gobierno de José María Aznar, y lo está haciendo de forma "similar" a la norma estatal.

Soluciones antes de las elecciones

Las explicaciones de Revilla, sin embargo, siguen planteando dudas a los afectados porque, según dicen, mientras el presidente habla de la voluntad de intentar buscar soluciones "con o sin papeles", el consejero, Jesús Oria, remite a lo que digan los servicios jurídicos.

Según ha explicado Javier Rugama, uno de los portavoces de los afectados, en la reunión no se ha dado una solución y no se ha debatido qué documentación se va a reconocer y aceptar para acreditar la propiedad de las fincas.

Ellos quieren que se acepten, por ejemplo, escrituras, el catastro o documentos privados de compraventa, y que se plasme por escrito qué documentos van a aceptarse.

Rugama ha recalcado que "nadie se quiere quedar nada que no sea de él" y ha lamentado que el Gobierno haya hecho el "paripé" y pretenda "dar largas y dejar el tema como está".

Los afectados, sin embargo, exigen una solución antes de las próximas elecciones. "Antes de las elecciones no se va a quedar así", ha advertido el portavoz, quien ha lamentado que Revilla está ahora "preocupado por otras cosas".

Además, ha criticado que desde 2003 el Gobierno regional "no ha hecho nada" para resolver este asunto y pretendía ahora, a final de legislatura, aprobar una ley "precipitadamente".

Según ha comentado, los afectados llegaban a la reunión con el presidente regional dispuestos a pedirle que "tirara" la ley a la "picadora" y se han encontrado que el propio Revilla ya la ha "metido" e "inexplicablemente" ha decidido pedir un dictamen al Consejo de Estado.

Pero el resultado de eso es que la ley ya no se podrá aprobar dentro de esta legislatura y ellos reclaman soluciones antes de las elecciones.