Un total de 411 perjudicados en Baleares por el abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores al inicio del puente de la Constitución de 2010, que se saldó con el cierre del espacio aéreo, se han personado este lunes en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma para investigar estos hechos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Los afectados se han personado así en calidad de acusación particular, a través del abogado Luis Vericat, del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, sumándose a los que ya lo estaban, ante el hecho de que tuvieron que quedarse en tierra ante el caos aéreo producido, lo que provocó que el Gobierno decretara el estado de alarma por primera vez en democracia así como la militarización de las torres de control de los aeropuertos españoles.

El juez instructor, Juan Catany, ya tomó declaración a los controladores que en las islas secundaron la huelga encubierta -más de 70 abandonaron sus puestos-, quienes coincidieron en asegurar que su estado anímico les impidió hacer su trabajo y negaron que sus bajas constituyesen una huelga encubierta ni "ningún boicot".

En sus distintas comparecencias, los imputados han alegado que debido a su "incapacidad psicofísica" se dieron cuenta de que no podían desarrollar su labor en condiciones normales, y apuntaron a un estado de "nerviosismo" debido al decreto aprobado por el Gobierno central por el que se modificaban sus condiciones laborales, lo que les llevó a presentar su baja.

La actuación de los controladores provocó que más de 600.000 pasajeros resultasen afectados, unos 40.000 de ellos en Baleares. Uno de los perjudicados llegó a relatar ante el magistrado cómo estos hechos le impidieron volar desde Palma para viajar hasta Guadalajara, donde su madre se encontraba gravemente enferma y finalmente falleció sin que él pudiese estar a su lado.

Entre los numerosos declarantes que han comparecido ante el juez por estos hechos, el jefe de recursos humanos y administración de AENA en Baleares, Antonio P., reafirmó en calidad de testigo que estos profesionales se dieron de baja ese día de forma simultánea y en veinte minutos, e incluso que uno de ellos le hizo un comentario "jocoso" ante lo que "podía venir".

Es por todo ello que el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que a nivel nacional representa a cerca de 10.000 afectados a través de la Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, ya anunció que reclamaría una indemnización de aproximadamente 10.000 euros para cada pasajero que resultó perjudicado en las islas.