CCOO de Navarra ha afirmado que, según un análisis jurídico elaborado por el sindicato, las medidas de recorte en la enseñanza aprobadas por el Gobierno central "no son de obligada aplicación en Navarra, ni en materia de ratios ni en el caso del incremento de la jornada de los maestros".

El sindicato ha acusado al departamento de Educación del Gobierno de Navarra de "engañar al profesorado y a las familias" para "asestar un nuevo golpe de consecuencias imprevisibles a la red educativa pública que no está para nada justificado".

CCOO ha afirmado que sus servicios jurídicos han emitido un informe que pone de relieve que la normativa aprobada por el estado "es claramente anticonstitucional y vulnera en más de 4 apartados diferente normativa básica". "La obligación de aplicar las medidas y luego recurrir no está nada clara", ha indicado.

Según el sindicato, "el procedimiento de formulación de una cuestión de inconstitucionalidad de una CCAA contra el Estado obliga a abrir un periodo de consultas de hasta nueve meses; sólo después la medida dictada - si no hubiera acuerdo - sería de obligada aplicación". "Navarra está ocultando esto y pretende imponer las medidas a partir del 1 de septiembre", ha sostenido.

CCOO ha advertido de que las medidas aplicadas en educación "se traducen al cien por cien en destrucción de plantilla y ahorro en capítulo I, pero su efecto real sobre el déficit es muy discutible".

Así, según ha explicado, "por cada docente despedido se ahorran 40.000 euros en capítulo I, pero más de 30.000 euros se repercuten en otras administraciones como déficit: 16.800 euros de prestaciones por desempleo, pérdida de 10.000 euros de cotizaciones en la Seguridad Social, y descenso de 4.000 euros en recaudaciones por IRPF e IVA debido a la reducción de tipo impositivo y a la pérdida de poder adquisitivo".

CCOO ha criticado que, "entre tanto, el pacto UPN-PSN anuncia que destinará 20 millones de euros a la creación de empleo". "¿No es todo esto un absoluto despropósito?", se ha preguntado.

Para el sindicato, "es urgente evitar a toda costa que se siga destruyendo empleo público". "No está justificado económicamente, es una decisión política que persigue debilitar los servicios públicos aprovechando la excusa de la crisis, y promover a medio plazo su progresiva privatización en Navarra. Países como Alemania han afrontado la crisis reduciendo la jornada y el salario para mantener el empleo. El empleo es la mayor riqueza y fuerza de un país. Esta es una batalla por el empleo público", ha defendido.