El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, ha insistido en que la Junta de Andalucía colabora con la justicia "desde el primer minuto" en la investigación abierta sobre las subvenciones para cursos de formación a desempleados y en que, "desde luego, si alguien ha intentado defraudar" a la Administración autonómica, "que lo pague".

Así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes después de que los periodistas le hayan realizado diversas preguntas relacionadas con este supuesto fraude que la Fiscalía de Málaga ha remitido a un juzgado de la capital malagueña para que lo investigue y lleve a cabo diligencias de pruebas después de que el fiscal haya estimado que, de lo averiguado hasta ahora y con los informes policiales que existen, "se desprenden indicios de responsabilidad penal".

Vázquez, que ha expresado el "respeto" de la Junta a todas las decisiones y procesos judiciales y ha pedido "dejar trabajar a la justicia", ha querido puntualizar no obstante que, sobre los fondos de formación, "todavía no hay causa abierta por ningún juzgado". Pese a ello, según ha apostillado, la Administración regional "colabora desde el primer minuto con esa investigación", línea en la que seguirá trabajando en función también "de lo que determinen los servicios jurídicos" del Gobierno andaluz, que defiende que "si alguien ha intentado defraudar a la Junta, que lo pague".

Cuestionado sobre por qué el sindicato UGT-A sigue gestionando ayudas del Plan Orienta pese a que la Junta le ha abierto un expediente de reintegro firme por valor de 1,8 millones de euros, el portavoz ha subrayado que la "Administración funciona de acuerdo a unas normas" y que, por tanto, "cuando se conceden ayudas es porque se respeta el procedimiento y la ley".

En ese sentido, Vázquez ha recalcado que esas ayudas "tendrán todos los parabienes de una legislación y de un procedimiento que ha sido revisado por un funcionario, que son los que velan por el cumplimiento de la legalidad vigente".

Empleados públicos por criterios jurídicos y legales

En este contexto, los periodistas también han preguntado a Vázquez si en la 'Fundación Andalucía Emprende', según apuntan algunas informaciones periodísticas, se ha producido trato de favor a personas simpatizantes o militantes del PSOE-A a la hora de ser contratadas.

El portavoz ha negado que en la Administración se contrate en "función de criterios políticos" y ha asegurado que todas y cada una de las contrataciones de empleados públicos responden a criterios "jurídicos y legales". "En esa fundación, como en cualquier otra empresa, habrá gente de cualquier creencia o ideología política, pero les garantizo que cuando uno ingresa en un puesto público es por mérito y capacidad, no por otras cuestiones", ha apostillado.

Vázquez ha aprovechado la pregunta para defender la actividad de esta fundación que, según ha explicado, es un "elemento estratégico" para el Gobierno andaluz en tanto en cuanto su actividad supone "empleo, fomento de la riqueza y crecimiento económico" para la comunidad.

Así, ha expuesto que "cada euro invertido a través de esta fundación ha supuesto un retorno a la sociedad del triple" de su valor, es decir, de 3,5 euros, y que, desde su creación, ha servido para que en Andalucía se creen "más de 53.200 empresas, ayudando a su vez a crear 67.400 puestos de trabajo y a movilizar una inversión global por valor de 950 millones".

"Si bajamos al dato de 2013, se crearon 14.478 empresas, con 17.942 puestos de trabajo agregados y una inversión superior a 186 millones de euros", ha añadido para destacar la utilidad y la "mucha confianza" que la Junta tiene en esta fundación.

RIVAS,

"absuelto" por el ts

De otro lado, y a la pregunta de si la Junta se plantea volver a "fichar" al exdelegado de Empleo en Sevilla, Daniel Rivas, o pagar su defensa ahora que el Tribunal Supremo (TS) lo ha absuelto de un delito de cohecho en el caso Mercasevilla, Vázquez se ha limitado a decir que "carece de respuesta" para ambos asuntos en tanto en cuanto son "hipótesis" que no ha barajado el Consejo de Gobierno.

Por ello, ha sentenciado que sobre este asunto "sólo existe una realidad" y es que el "Supremo ha absuelto al exdelegado de Empleo" y ha vuelto a insistir en que la Junta "no opina sobre procedimientos judiciales" y sólo pide "rapidez" para dar resolución a estos casos".