La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades cometidas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, retomará este miércoles la ronda de declaraciones de imputados con la comparecencia de la presidenta del consejo de administración de Acyco cuando ésta empresa solicitó el ERE, Encarnación Poto Monge, y el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero.

En un auto dictado en enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya imputa a la presidenta del Consejo de Administración cuando esta empresa solicitó el ERE, Encarnación Poto, ya que fue incluida en dicho ERE "cuando no llegó a extinguir su relación laboral" con la misma, llegando a cobrar incluso 318.455 euros en dietas por asistir a los consejos de administración entre los años 2004 y 2010.

Pese a ello, cobró sus prestaciones por desempleo desde el 19 de agosto de 2003 hasta el 18 de agosto de 2005 y las prestaciones relativas a su prejubilación derivadas de dos pólizas, subrayando la juez que "resulta indiciariamente acreditada la continuidad de su relación laboral con la empresa en virtud de las importantes cantidades percibidas en concepto de dietas".

Según la magistrada, Poto cobró finalmente a través de las referidas pólizas un total de 276.505,92 euros. A todo ello se suma que la imputada solicitó una ayuda excepcional para mantener 144 puestos de trabajo de la empresa "cuando en realidad dicha ayuda era para el pago de la minuta del despacho Garrigues, a cuyo pago habían sido condenados" por medio de una sentencia.

Actuación "omisiva"

También le imputa su actuación "omisiva" al conocer que en el protocolo de colaboración suscrito para financiar las prejubilaciones de los trabajadores de la empresa "había dos intrusos, no habiendo realizado ningún acto concreto y fehaciente que demostrara su oposición a que se vinculara a estas dos personas con la prejubilación de sus trabajadores".

El mismo miércoles prestará declaración también el director de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero, "quien reconoce que realizó la organización administrativa del ERE desde su inicio, negociaciones, tramitación y solicitud de aprobación, con la constante intervención del despacho de Garrigues".

Así, la magistrada le imputa la inclusión en el ERE de Poto "a sabiendas de que la misma no iba a extinguir su relación laboral con Acyco, pues seguiría ostentando el cargo de presidenta de su consejo de administración, permitiendo que se beneficiara económicamente de dicha situación a través de su desempleo y de las prestaciones por prejubilación financiadas por la Junta".

Ayuda "excepcional" para 144 TRABAJADORES

Asimismo, "participó" en la solicitud de ayuda excepcional en 2010 "fingiendo que era para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo, cuando en realidad era para el abono de la minuta de Garrigues", mientras que también le atribuye la misma actitud "omisiva" achacada a Encarnación Poto.

Dentro de este procedimiento hay imputadas más de medio centenar de personas, de las que permanecen en prisión el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández; el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, y su exchófer, Juan Francisco Trujillo.