Los afectados por los montes de utilidad pública, que llevaron a cabo este domingo una concentración de protesta en Ampuero, con motivo de la celebración de la Bien Aparecida, han acusado al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, de "escurrir el bulto" porque no se encontró con ellos.

En un comunicado, la plataforma explica que con esta protesta pretendía exponer a las autoridades cántabras la "nefasta solución" que se ha propuesto a los "propietarios particulares" sobre estos montes.

Pero el presidente regional accedió al Santuario por un lateral para, en opinión del colectivo, "eludir a los afectados concentrados" frente a la campa, que era "el único lugar en que les habían permitido concentrarse".

"Está claro: el presidente está escurriendo el bulto o ya no le interesa tratar el problema con los afectados", consideran los afectados.

Respecto a la reunión del pasado viernes con la Consejera de Ganadería y el director de Montes, Javier Manrique, a la que asistieron varios alcaldes y el presidente de la Plataforma de Afectados, Javier Rugama, dejó "claro" que solo se reconocerán en vía administrativa las fincas con escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad al 21 de febrero de 1974. El resto deberá acudir a la vía judicial, lo cual "ha caído como un jarro de agua hirviendo entre los afectados".

Ante estos hechos, el colectivo ha acusado al Gobierno de Cantabria de haber cumplido "poco o nada" de "todo lo prometido", aunque sí ha "tomado la determinación" de que las propiedades que no cumplan los requisitos (escrituras registradas antes del 21 de febrero 1974) pasen a propiedad del monte del pueblo correspondiente.

Un proceso que pretenden llevar a cabo mediante "nuevos convenios forestales" en donde existan plantaciones de árboles y mediante "contratos demaniales" donde haya praderías, prados o cierros.

"Todos los afectados deben saber que los convenios o contratos demaniales solo deben sustituir a los antiguos consorcios o concesiones, nunca a las propiedades. Para que todo el mundo lo entienda, no pueden darnos el cambiazo de pasar de ser propietarios a arrendatarios", ha explicado la Plataforma.

Se trata de una solución "inadmisible" para los propietarios, entre los que se ha extendido un "sentimiento generalizado de la gran estafa que están sufriendo".

"Se está poniendo en tela de juicio el valor de una escritura pública y sobre todo, la seguridad jurídica que tienen los Registros de la Propiedad, independientemente del año que se haya registrado. Una escritura registrada no es admisible jurídicamente que se le aplique la prescripción adquisitiva de los 30 años: está registrada y con eso es suficiente para reconocer al propietario de la finca", concluyen.