El sindicato CCOO ha exigido este lunes al nuevo Gobierno andaluz en general y al consejero Antonio Ávila en particular —por mantener éste su Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo las competencias en materia universitaria— que convoque a la Mesa General de Universidades para que "todos los miembros que la conforman (Junta, rectores y representantes de los trabajadores) podamos acordar criterios comunes con los que neutralizar los perniciosos efectos que supondrá la aplicación del Real Decreto-Ley de Presupuestos Generales del Estado y del Real Decreto-ley 14/2012 en las universidades públicas andaluzas".

En un comunicado, CCOO pide esta cita para tratar también con Ávila "la necesidad de mantener el actual modelo andaluz de universidades públicas", un aspecto "esencial" para el sindicato y que, en su opinión, el nuevo Ejecutivo debe cumplir porque ha sido el propio presidente José Antonio Griñán "quien volvió a plantear la premisa de la defensa del sistema público educativo en su discurso de investidura".

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, insiste en la idea de que "si lo que se pretende es marcar la diferencia respecto al Gobierno central en lo que a educación pública se refiere, el Gobierno de la Junta de Andalucía tendrá que garantizar el acceso a las enseñanzas universitarias en igualdad de oportunidades, de modo que las familias que están en una situación socioeconómica precaria puedan enviar a sus hijos a la Universidad".

Por ello, cree que "el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía debe realizar un esfuerzo para compensar los incrementos de las tasas universitarias que ha impuesto el Gobierno central, para evitar que el acceso a la Universidad quede limitado a las capas sociales más privilegiadas".

"Igualmente, los trabajadores son la mejor garantía para el buen funcionamiento de las universidades públicas andaluzas en términos de calidad. Por tanto, las plantillas del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS), lejos de recortarse, han de estabilizarse y garantizar el empleo para que las universidades puedan contribuir con todo su potencial a la recuperación económica a través de su labor tanto investigadora y como formadora", concluye Blanco.