El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga ha ordenado el "inmediato" alzamiento del precinto del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) La Maroma de la localidad malagueña de Benamocarra, que fue acordado por el Ayuntamiento de dicho municipio en diciembre de 2011; estimando, así, el recurso presentado por la Delegación provincial de Educación. Señala que el Consistorio puede realizar las inspecciones oportunas.

En un auto, el magistrado Óscar Pérez dispone la suspensión del precinto del centro, decidido mediante decreto de Alcaldía por el Ayuntamiento y afirma que "con su forma de proceder no ha acreditado la concurrencia de un interés público superior y efectivo cual es la protección, obligada protección, de la seguridad de las personas a través de la también obligación de velar porque todas las construcciones se encuentren en condiciones adecuadas de seguridad".

No obstante, apunta que esta decisión que se adopta "no excusa al Ayuntamiento de su obligación de realizar a través de sus técnicos cuantas labores de inspección considere pertinentes" en el IES y adoptar "si es necesario" en el procedimiento adecuado y con la debida motivación "cualesquiera medidas que por causa de esa inspección sean necesarias para garantizar la seguridad de las personas".

En su resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el magistrado analiza el decreto de precinto y señala que en éste se indica que la medida es necesaria, por un lado, por razones de seguridad, avaladas por informes técnicos del Consorcio de Bomberos y técnicos municipales sobre la conexión eléctrica; y, de otro, para hacer posible la inspección del centro por parte de técnicos del Ayuntamiento.

Respecto a esa necesidad de realizar tareas de inspección por parte de técnicos municipales, se concluye que no es necesario un precinto para llevar a cabo dicha labor inspectora y se considera que la decisión tomada por el alcalde, Abdeslam Lucena, de proceder al precinto del centro educativo "carece de apariencia de legalidad" desde esta perspectiva.

Asimismo, apunta que no consta apariencia de que las labores inspectoras por parte del Ayuntamiento hayan sido "obstaculizadas" por la Delegación Provincial de Educación, "ni apariencia de ser necesario acordar el precinto" por este motivo, "porque nada se está obstaculizando". "Y como no existe esa apariencia, no hay por qué autorizar judicialmente la entrada al centro", como fue solicitado por el Consistorio.

Medida "de extrema gravedad"

Sobre las razones de seguridad, el magistrado asegura que "no aparece que ello constituya suficientes razones para acordar el precinto", argumentando que al no haberse realizado una inspección por parte de los técnicos municipales "no parece que se pueda afirmar que existen riesgos para la seguridad debidamente constatados que justifiquen medida tan grave como la adoptada con informes elaborados sin una inspección directa".

"El precinto del IES, medida de extrema gravedad y notoriamente perjudicial para los alumnos y que existe una cumplida motivación y justificación no puede acordarse tomando por base meras suposiciones y sin haber constatado de manera fehaciente el déficit de seguridad", se indica, apuntando que las contradicciones en la forma de actuar municipal "puede resultar preocupante". Recuerda que el alcalde ha denegado licencia de obras para evitar el derrumbe de una escollera.

El magistrado alude al "claro interés público representado por el interés de los estudiantes y de los perjudicados que es claro puede causárseles —se les está causando ya— con el traslado a otros centros educativos a causa del precinto".

En el auto, también se reflexiona sobre las discrepancias entre ambas administraciones en cuanto la recepción de las obras y el acuerdo para la ocupación del edificio y se indica que con independencia de esto "no consta impugnación alguna por parte del Ayuntamiento de aquel acto administrativo ni de las consecuencias", como la entrada en funcionamiento del instituto.

Añade que el alcalde no se puede erigir "en el definidor unilateral de su posición jurídica desconociendo por la vía de los hechos los efectos de un acto administrativo cuya declaración de nulidad no se ha intentado obtener por los cauces previstos en el ordenamiento jurídico". AYUNTAMIENTO

Tras esta resolución, el alcalde de Benamocarra ha cumplido el auto judicial y ha ordenado a mediodía la retirada del precinto que afectaba al centro educativo y la apertura del mismo, con el objetivo de que la Delegación de Educación acceda cuando lo estime oportuno. Desde el Ayuntamiento se ha urgido a la Junta "a subsanar las deficiencias existentes en el instituto".

El regidor se ha remitido a un informe realizado por técnicos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), con fecha 14 de marzo, que señala que el centro "tiene deficiencias relativas a los cálculos de ocupación, las salidas, los locales de riesgo —aulas de tecnología, caldera y almacenes—, las instalaciones antiincendios, el gimnasio y la iluminación de emergencia".

Este documento, según han informado desde el Consistorio en un comunicado, exige a la administración competente que aporte documentación justificativa de la ocupación exacta y el uso alternativo de las aulas para comprobar que las medidas de evacuación cumplen con las dimensiones establecidas en las normas estatales. También subraya que los locales de riesgo deben tener una compartimentación de puertas, paredes y techos resistentes al fuego.

Además, los técnicos señalan que la centralita de detección de incendios "no funciona adecuadamente porque incorpora una modificación no homologada, las bombas de grupo contraincendios no están bien calibradas y se debe justificar el abastecimiento de agua al depósito previsto para apagar fuegos". "Tampoco funciona adecuadamente, según la certificación de Bomberos, el grupo electrógeno cuando se produce un fallo en el suministro eléctrico", señala el Ayuntamiento.

En su conclusión, el informe insta al órgano competente a que se tomen las medidas correctoras oportunas "para subsanar las deficiencias anteriormente descritas". Por su parte, el informe realizado el arquitecto municipal, firmado este jueves 15 de marzo, expone que "existen grietas en los paramentos exteriores del gimnasio con pequeños desplazamientos de la tabiquería que podrían suponer un riesgo en caso de seguir evolucionando".

Sobre los muros de escolleras exteriores, el arquitecto asegura que "la práctica totalidad de los mismos están en un peligroso estado de inestabilidad, ya que existen desprendimientos por dos partes diferentes, con claro y evidente riesgo para las personas". Además, el Consistorio apunta que, según este informe, estos muros "realizan una función de emparchado más que de contención, pues están colapsados en algunas de sus partes y suponen un riesgo por nuevos desprendimientos".

A consecuencia de los desprendimientos de los muros "existen numerosas grietas en el encuentro entre el suelo de los patios y los paramentos verticales del edificio", según el estudio del ingeniero , que manifiesta que el centro está enganchado a la luz de obra, "por lo que no hay garantía de seguridad y podría haber riesgo de incendios y cortocircuitos", aconsejando la instalación de un grupo electrógeno.

Lucena ha confiado en que la Junta acometa "a la mayor brevedad posible" el arreglo de estos desperfectos inventariados "para que los más de 200 alumnos que estudian en aulas prefabricadas en Torre del Mar puedan regresar al instituto La Maroma en breve". Además, ha manifestado su "total disposición" a solventar cualquier problema que pueda surgir relativo a la licencia de primera ocupación del instituto, "puesto que aún no se ha expedido y es una cuestión de autonomía municipal".