'Marketing Político y Social' es una asignatura más de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas que imparte la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su profesor es Jesús Calvo Soria, uno de los imputados de la trama Gürtel, acusado de los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho (soborno).

Llama la atención que Jesús Calvo Soria, "un mero testaferro" de Francisco Correa, cabecilla de la red, según un informe policial en poder del juez, siga siendo profesor en una universidad pública; docencia, no obstante, que puede mantener al estar imputado y no condenado. Calvo Soria fue administrador de la empresa Narcisos 22, que como ya publicó 20 minutos en junio de 2010, es una "empresa buzón" que se hizo con suelo en los nuevos desarrollos urbanísticos de Boadilla del Monte (Madrid).

Narcisos 22 se hacía con el 2,5% de los terrenos cada vez que un propietario quería promover un terreno. Cobraba por unos supuestos trabajos técnicos que, al parecer, nunca llegaban a desarrollar.

Narcisos 22 también formaba parte de la empresa Lujeca Inversiones. Curiosamente, en la calle Narcisos 22 de Madrid estuvo domiciliada esta última firma, de la que Calvo Soria también fue administrador. Lujeca también tenía como accionista a otra empresa, Rustfield (holding británico de Correa). Hacienda investiga a Rustfield como una de las compañías usadas para desviar el dinero captado en sus actos ilícitos a paraísos fiscales.

Un portavoz de la Universidad Rey Juan Carlos explicó a este diario que Calvo Soria es profesor titular interino desde 1999 y que no hacen declaraciones sobre sus docentes ni sobre procesos judiciales.

Los informes policiales señalan además que Calvo Soria estaba a las órdenes de Correa. Incluso dio trabajo a su mujer cuando era director gerente de Vox Publica, una empresa de sondeos. Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, fue directora comercial.

Calvo Soria fue un alto cargo en el Gobierno autonómico en la etapa de Ruiz-Gallardón. Fue secretario técnico de la Consejería de Educación con Gustavo Villapalos y exgerente de la Universidad Complutense también con Villapalos. En el año 2000 se le acusó de un delito de prevaricación y de pagar 30 millones de pesetas a un profesor para que retirara una querella que había interpuesto contra el rector Villapalos. El fiscal pedía para él tres años de cárcel y doce de inhabilitación. El tribunal le absolvió.