De nuevo al Estado se le demanda un mayor compromiso con las familias que están al límite de sus recursos o directamente en la calle por el pago de las hipotecas. Esta vez es el fiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana  quien ha propuesto que el Estado acuda al rescate de las familias endeudadas por la hipoteca como se ha hecho con los bancos.

Durante una conferencia en Barcelona, Castresana ha defendido ese rescate, además de la dación en pago o las moratorias hipotecarias para que los impagos de hipoteca no supongan a la vez el desahucio y el mantenimiento de la deuda.

Según Castresana, la sociedad española actual está sufriendo una "recesión" no sólo económica, sino también en el "efectivo disfrute de algunos derechos fundamentales", debido en parte a que los países pioneros en derechos humanos no pueden competir con países emergentes con menos derechos, entre los que ha citado a China, India, Brasil y Rusia.

Las ejecuciones hipotecarias se han disparado en los últimos años, según Castresana, porque se equivocaron tanto las familias como los bancos, aunque a la hora de abordar la solución exclusivamente a través de las ejecuciones hipotecarias se da una "desigualdad sangrante", ya que todo el peso recae en las familias.

El fiscal del Tribunal Supremo ha remarcado que un contrato es ley entre las partes, pero siempre que las condiciones se mantengan, por lo que considera que los contratos hipotecarios se podrían renegociar porque las condiciones en las que se firmaron han cambiado de forma sustancial, de forma que se podrían establecer moratorias para diferir en el tiempo los pagos pendientes.

Otra propuesta que ha planteado Castresana es la dación en pago, para que las pérdidas sean asumidas igualmente por las familias (que se quedarían sin casa) y los bancos (que se quedarían sin el dinero pendiente de pagar).

También ha propuesto que el Estado, al igual que ha hecho con el sector bancario, acuda al rescate de las familias que no pueden pagar la hipoteca de su vivienda, de forma que asuma ante las entidades financieras las deudas pendientes, que los afectados tendrían que devolver al erario público con el paso de los años.

La conferencia de Castresana ha servido para inaugurar el XXX Curso Anual de Derechos Humanos, convocado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Y de esos derechos ha hablado también en Barcelona la relatora especial sobre derecho a la vivienda de las Naciones Unidas, Raquel Rolnik.

La relatora de la ONU ha pedido a los gobiernos que la vivienda vuelva a ser un derecho y no una mercancía. Según Rolnik, la crisis ha puesto de relieve el fracaso del modelo mercantilista de la vivienda.

"Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger el derecho de acceso a una vivienda adecuada, puerta de entrada del resto de derechos", ha afirmado.

La pasada semana, Cáritas Diocesana pedía al Gobierno un plan de rescate de vivienda para las personas hiperendeudadas que aborde este problema más allá del pago de las hipotecas, y tenga en cuenta también los impagos de alquileres. Propone, en suma, ayuda para familias endeudadas como la han tenido los bancos.