El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha establecido que la representatividad de los intereses económicos, sociales y profesionales del sector agrario le corresponde a los sindicatos y a las organizaciones profesionales.

En cambio, a otro órgano, la Cámara Agraria, le pertenecen funciones propias de asesoría y colaboración con las instituciones públicas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo razona así en una sentencia en la que se refiere a la forma en que el Gobierno de Cantabria reguló los programas de Desarrollo Rural Sostenible para la comunidad autónoma, y que acaba anulando en uno de sus artículos.

Este decreto concretaba en el territorio autonómico el contenido de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada por el Gobierno central en 2007.

En concreto, según la sentencia divulgada por el sindicato ganadero UGAM-COAG, el artículo que se anula es el 13.3 del decreto, en el que se fijaba que en el Consejo del Medio Rural, un órgano de representación, unos miembros que le correspondían al sector —dos vocales— los propondría la Cámara Agraria.

En el fallo, la Sala incide en que este segundo organismo, la Cámara Agraria, tiene funciones de asesoría y de colaboración con el Ejecutivo, pero matiza que en el plano de la representación, negociación y reivindicación económica y profesional, estas funciones les corresponden "exclusivamente" a las organizaciones sindicales y profesionales.

Y añade que esa presencia debe ser proporcional a la representatividad que tengan esas organizaciones.

El TSJC rechaza, pues, la interpretación del Gobierno, al considerar que "no tiene sentido ni apoyatura jurídica", y cuestiona también que se limite a dos el número de miembros.

El sindicato UGAM-COAG fue quien recurrió, en mayo de 2010, este decreto del Gobierno, al considerarlo un "claro atropello" a la legitimidad de las organizaciones profesionales agrarias más representativas.