La Fiscalía de Tarragona ha abierto este viernes diligencias informativas sobre el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) para cultivar siete hectáreas de marihuana en el municipio.

El pleno municipal de Rasquera aprobó este miércoles por mayoría absoluta la implantación de cultivos de marihuana para el autoconsumo de los miembros de un club de fumadores barcelonés con 5.000 socios. El Ayuntamiento ha anunciado que con el cultivo de cannabis que ha aprobado ubicar en el municipio ganará 1,3 millones de euros en dos años -a partir de este julio- y creará 40 puestos de trabajo.

La fiscalía ha afirmado que la impugnación y control de legalidad de los acuerdos de los plenos de los ayuntamientos corresponde a la Delegación del Gobierno y la Generalitat, por lo que, independientemente de las actuaciones de la Fiscalía en el ámbito penal, existe una revisión y estudio de la legalidad administrativa de este acuerdo que corresponde a Delegación y Generalitat.

La Fiscalía ha asegurado que son dos vías paralelas y complementarias que harán su recorrido y que, una vez se haya accedido a los datos, propiciarán la decisión oportuna sobre la materia.

De hecho, la Subdelegación del Gobierno en Tarragona ha requerido este viernes al Ayuntamiento de Rasquera toda la información de que disponga sobre el proyecto de plantar cannabis en unos terrenos privados con la mediación del consistorio, ha informado su alcalde, Bernat Pellisa. Pellisa ha señalado que el subdelegado del Gobierno, Jordi Sierra, le ha requerido telefónicamente que le enviara "toda la información sobre el acuerdo del pleno municipal de Rasquera del pasado miércoles", 29 de febrero.

"Actuaremos con toda la lealtad y diligencia y ayudando en todo lo posible. Le enviaremos toda la información que necesite, con transparencia y para que no haya ninguna duda", ha indicado Pellisa. El alcalde de Rasquera ha añadido además que "es positivo" que la Fiscalía de Tarragona haya abierto diligencias informativas con relación al acuerdo del pleno. "Es positivo que actúe y que hagan su trabajo, porque estoy seguro de que lo harán bien", ha dicho Pellisa, que ha apuntado que "quien no tiene que actuar es el conseller de Interior, Felip Puig".

La Abogacía del Estado estudia impugnar la decisión de autorizar la plantación de cannabis. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, que ha denunciado "la perversión del lenguaje" que está empleando el Consistorio de este pueblo de 900 habitantes, para defender una actuación que "cumple desde todas las perspectivas la condición de un delito".

"En su opinión, no se puede recurrir al argumento de que en España existe un "resquicio legal" para justificar esta postura, porque en este país esté despenalizado el "autoconsumo" y el cultivo privado de cannabis, cuando se está hablando de una entidad que tiene 5.000 socios, una plantación de siete hectáreas y un beneficio de más de un millón de euros en dos años.

El delegado ha advertido de que desde el Ejecutivo "se van a movilizar todos los recursos posibles para impugnar un acuerdo" que espera no llegue a tener efecto, con el objetivo de "defender la salud pública". "No hay un vacío legal, lo que se está es pervirtiendo ese espacio desde una interpretación que no existe, porque no puede hablarse de un uso privado en algo que va dirigido a miles de personas, con intento de distribución y contratos millonarios", ha aseverado.

El delegado ha esgrimido que el convenio es "nulo de pleno de derecho" porque no está sustentado en la Ley, "por mucho que el Ayuntamiento se empeñe en maquillarlo con un intento de superar el déficit de sus arcas municipales".

Por su parte, el conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, ha advertido también de que los Mossos d'Esquadra actuarán y llevarán la plantación de marihuana ante la Justicia.