Jueces para la Democracia (JpD) ha expresado en un comunicado su "preocupación" ante el "salto cualitativo que se está produciendo en Valencia en materia de orden público" tras las protestas estudiantiles que han acabado con carce de 40 detenidos en los últimos días y que tuvieron su origen en las críticas por los recortes en educación y ha lamentado la "situación caótica provocada por quienes tendrían que haber garantizado el orden público con una mayor prudencia y sentido de la responsabilidad".

Así lo ha indicado en un comunicado ante "las recientes cargas policiales y las declaraciones públicas de los máximos responsables de las fuerzas de seguridad". Según la organización de jueces, el jefe superior de la Policía de Valencia, Antonio Moreno, en presencia de la delegada del gobierno, Paula Sánchez de León, se refirió de forma genérica a los estudiantes que expresan sus protestas como el "enemigo".

En su opinión, esa alusión, "de fuerte orientación represiva, nos lleva al conocido concepto del 'Derecho Penal del Enemigo', con el que se criminaliza a grupos de ciudadanos por su mera adscripción a un colectivo concreto". "Pero en una sociedad democrática no se castiga a grupos humanos, sino solo actuaciones delictivas singularizadas", ha advertido JpD, quien ha añadido que estas concepciones de los responsables de las Fuerzas de Seguridad "resultan más propias de un Estado Policial que las que serían correspondientes a un Estado Democrático de Derecho".

Por ello, ha asegurado que "no puede sorprender que la actuación policial esté alcanzando niveles de violencia sin precedentes desde hacía mucho tiempo. Y que se acerquen peligrosamente a un intento de represión de la discrepancia". JpD ha subrayado que Delegación del Gobierno "debiera aclarar por qué los agentes siguen sin llevar su placa identificativa durante sus actuaciones, de acuerdo con lo previsto expresamente por la ley, lo cual representa una garantía de los ciudadanos para acreditar los excesos policiales".

"se acepta generar indefensión"

"La contumacia en el mantenimiento de esta situación, contraria a la ley, solo puede llevar a pensar que se acepta generar indefensión a los ciudadanos en su derecho a denunciar arbitrariedades o posibles actos de agresividad injustificada en la intervención policial. Todavía resulta más alarmante que dicha violencia se practique contra menores de corta edad", ha advertido la organización de jueces.

Además, ha incidido en que la "errática gestión" de la Delegación del Gobierno "ha convertido una mera protesta estudiantil, por falta de medios materiales y de calefacción en un instituto, en un quiebra violenta de la convivencia pacífica".

"Debemos recordar que se producen habitualmente quejas ciudadanas semejantes, pero ha sido la desacertada gestión de la actuación policial la que ha provocado la ruptura de la convivencia social", ha recalcado, para añadir: "donde no existía un problema ciudadano, sino unas reivindicaciones legítimas, se ha llegado a una situación caótica, provocada por quienes tendrían que haber garantizado el orden público con una mayor prudencia y sentido de la responsabilidad".

Jueces para la Democracia lamenta que la Delegación del Gobierno "no sea capaz de solucionar esta grave situación y que al mismo tiempo su desacertada actuación se esté convirtiendo en el principal problema".