La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, ha asegurado este lunes que mantendrá en el cargo a la secretaria general de la Delegación y exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat, Isabel Villalonga, imputada policialmente en el caso Nóos, en el que se investiga los pagos efectuados a la entidad que presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

Sánchez de León, en la rueda de prensa posterior a sendas reuniones que ha mantenido con EUPV y con Compromís y preguntada por si mantendrá en su puesto a Villalonga, ha contestado afirmativamente, ya que ha dicho que "únicamente ha habido una imputación policial, para que en las preguntas que le hagan pueda defenderse de la mejor forma posible", ha señalado.

La delegada del Gobierno ha asegurado que confía "absolutamente" y sin "ningún tipo de matiz" en "la profesionalidad, la labor, la honestidad y la integridad" de Isabel Villalonga, que desempeña este cargo como funcionaria del Estado, ya que está reservado a estos trabajadores públicos y se ocupa por concurso y no obedece a designación política ni se contempla como alto cargo.

Villalonga anteriormente ocupó el cargo de subsecretaria de Presidencia de la Generalitat, cargo en el que autorizó un pago de 380.000 euros al Instituto Nóos, según han explicado fuentes de su entorno, porque "estaban justificados y fiscalizados por la Intervención Económica de la Generalitat". Sobre este importe, las facturas que se pagaron las tiene el juez instructor de Palma desde que las requirió con anterioridad al Gobierno valenciano, según las mismas fuentes.

Juegos europeos

Este pago se corresponde con el estudio realizado por el Instituto Nóos sobre la viabilidad de que Valencia fuera sede de la celebración de unos Juegos Europeos, que finalmente no se llevaron a cabo, y los gastos derivados de la elaboración de este trabajo.

En su declaración ante la Policía, Villalonga relató las facturas, los motivos y las fechas y especificó que devolvió 123 facturas que sumaban un importe cercano a los dos millones de euros —concretamente 1.983.479 euros— porque entendía que no estaban debidamente justificados, por lo que no se abonó esta cantidad.