La comisión de investigación de GFB ha retomado su actividad tras la suspensión de los trabajos el pasado mes de noviembre, con motivo de la tramitación del proyecto de ley de presupuestos en diciembre y la suspensión del periodo de sesiones en enero. Sin embargo, las comparecencias no comenzarán hasta la próxima semana, ya que la Mesa de la comisión, reunida este martes, ha aplazado hasta el 14 de febrero, a petición del PSOE, la comparecencia del consejero delegado de Sodercan, Miguel Cabetas, prevista para este miércoles.

Según ha podido saber Europa Press, también tendrán que aplazarse las comparecencias del expresidente del Consejo de Administración de GFB, Max Fischel Mora, convocada para este jueves, y la de Mario Aniceto Esquivel, miembro del Consejo de Administración de GFB, fijada para el próximo miércoles, 8 de febrero, ya que los Servicios Jurídicos del Parlamento no han conseguido localizarles.

En ambos casos, el Parlamento va a cursar una nueva solicitud de comparecencia "a través de otros canales" de notificación, según ha informado a Europa Press el portavoz del PP y presidente de la comisión de investigación, Eduardo Van den Eynde.

Aunque sin comparecencia, la comisión de investigación se reunirá de todos modos este miércoles para incorporar al calendario la comparecencia de Sebastián Tena Puyol, miembro del Consejo de Administración de GFB, solicitada por el PP y admitida a trámite por la Mesa en su reunión de este lunes.

De esta forma, y si no surgen más cambios de última hora, las comparecencias se retomarán el próximo martes, 7 de febrero, con la presencia en la comisión de Leandro Sainz de la Riva, miembro del Consejo de Administración de GFB, al que seguirá el expresidente del Gobierno José Joaquín Martínez Sieso, el jueves 9 de febrero, ambos a las 10 horas.

Para ese mismo jueves 9 de febrero, el Juzgado de lo Mercantil ha vuelto a convocar la Junta de Acreedores de GFB, después de que el pasado 29 de noviembre no pudiera constituirse por falta de quórum. En esta reunión, los acreedores tendrán que votar la propuesta de convenio presentada por la empresa a la administración concursal.

Tras la comparecencia de Martínez Sieso, será el turno del exconsejero de Industria Pedro Nalda y el consejero delegado de Sodercan, Miguel Cabetas el martes 14 a las 10 y 11.30 horas, respectivamente, para continuar con el exconsejero de Economía, Juan José Fernández, el miércoles 15; y Francisco Royano, exdirector de Sodercan y exmiembro del Consejo de Administración de GFB el jueves 16.

A continuación el martes 21 está prevista la comparecencia del Interventor General de la Comunidad Autónoma, Gabriel Pérez Penido; el día 22 Manuel de la Fuente Porres, administrador concursal; el día 23 el diputado del PP Carlos Bedia, exmiembro del Consejo de Administración de Sodercan; y el martes 28 Miguel Angel López, técnico encargado de la gestión del proyecto de GFB.

A petición de los grupos de la oposición, comparecerán los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, el miércoles 29; de Industria, Eduardo Arasti, el jueves 1 de marzo; y de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, el martes 6 de marzo; para finalizar con la comparecencia del presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, el 7 de marzo.

Primeras comparecencias

Los grupos han considerado "lógico y razonable" que igual que abrió las comparecencias el presidente anterior, Miguel Angel Revilla, las cierre el presidente actual para informar de la situación del proyecto.

Junto al expresidente y secretario general del PRC, en la primera fase de los trabajos de la comisión de investigación, que comenzó antes de las elecciones generales de noviembre, comparecieron la exvicepresidenta y secretaria general del PSOE, Dolores Gostoagia, sus tres exconsejeros de Industria, Javier del Olmo, Miguel Angel Pesquera y Juan José Sota; el exconsejero de Economía y Hacienda, Angel Agudo; y los exconsejeros delegados de Sodercan José Villaescusa y Salvador Blanco.

La Comisión de Investigación sobre la fábrica de fibroyeso de la empresa GFB en Orejo (Marina de Cudeyo), ha sido constituida a instancias del PP, tras el cambio de gobierno en Cantabria, para esclarecer los motivos por los que la planta no llegó a empezar su actividad pese a la inversión pública realizada.