La organización de consumidores Facua Andalucía ha denunciado a las cuatro principales compañías de telecomunicaciones móviles ante la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud por el presunto "fraude" que vienen cometiendo en la venta de terminales "para que sólo puedan usarse con ellas".

En una nota, la federación ha pedido a Consumo que expediente a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo por "sabotear sus móviles introduciendo una restricción técnica, un defecto, que limita y restringe sus posibilidades de uso".

De esta forma, "se trata de un terminal del que el usuario es titular y que además abonará de forma diferida a lo largo del periodo de duración del compromiso de permanencia que le obligan a asumir mediante el pago de un consumo mínimo mensual y unas condiciones tarifarias concretas".

Facua Andalucía pide a la Dirección General de Consumo que "asuma sus competencias, abra expediente sancionador a las compañías por esta práctica fraudulenta" y las inste a que "liberen los terminales de sus clientes".

Asimismo, le exige que "abandone su habitual lentitud y opacidad ante sus denuncias". Así, espera que "actúe con celeridad ante este fraude masivo que afecta a millones de usuarios en Andalucía y haga públicas las medidas que lleve a cabo para proteger los intereses de los consumidores".

Las denuncias presentadas por Facua Andalucía ante la Administración competente en el ámbito autonómico se suman a las formuladas por su organización a nivel nacional ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y el Instituto Nacional del Consumo (INC), entre otros organismos.

Facua Andalucía argumenta en las denuncias remitidas a la Dirección General de Consumo que "los derechos y obligaciones que se establecen en los dos contratos vinculados, el de la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles y el de compra del terminal, no son proporcionales y equitativos, lo que implica la vulneración del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios".

Facua Andalucía advierte en sus denuncias que las compañías "limitan el uso de bien adquirido por el consumidor y que debería ser puesto a su disposición desde el inicio del contrato con todas sus funcionalidades, sin restricciones técnicas ni limitaciones y ello dado que ya se están garantizando con el consumo o cuotas mínimas y con el compromiso de permanencia un beneficio económico y la recuperación en su caso del coste del terminal, con independencia del uso o no del mismo".

Así, la Federación considera que el bloqueo del móvil "supone un gravamen añadido al mismo y penaliza a un consumidor que cumple con las obligaciones derivadas del contrato".