Al término de la firma este lunes en Alicante de un convenio de colaboración entre la Generalitat, la Fiscalía Provincial de Alicante y el Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, Cabré ha lamentado la decisión de los colegios de abogados de levantarse de la mesa de negociación.

"Que quede claro, que no es la Conselleria la que ha roto ningún tipo de negociación ni quien se ha levantado de la mesa, quien se ha levantado de la mesa tendrá que dar explicaciones", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que la Conselleria está dispuesta "a seguir dialogando, hablando y tratando de llegar a soluciones, si los colegios quieren seguir negociando".

"También tienen que entender que nosotros vamos a gobernar, y que lo bonito y lo cómodo muchas veces es no hacer nada, pero creo que nosotros tenemos una responsabilidad que sabremos explicar a la sociedad, y lógicamente actuaremos, asumiendo además las responsabilidades que puedan derivarse de ello", ha indicado.

En cuanto a la deuda de la Generalitat con este colectivo, ha recordado que ya se abonó el 25 por ciento comprometido, y su intención es "seguir con los plazos de pagar ahora en estos meses, el otro 50 por cien, y después el otro 25 por ciento"

"Lo que nosotros queremos evitar es que el año que viene vuelva a pasar lo mismo y que la deuda siga incrementándose", ha subrayado. Al respecto, ha hecho hincapié en el "esfuerzo" realizado en materia de justicia en esta época de crisis, con una subida del ocho por ciento en el presupuesto para el 2012.

Cumplimiento del presupuesto

Además, ha resaltado que el presupuesto del turno de oficio se ha aumentado un 12 por ciento, y ha defendido que este "presupuesto hay que cumplirlo". "Lo que no queremos nosotros hacer es lo que, a lo mejor hasta ahora se ha hecho por parte de las administraciones, y que ha dado lugar a que a lo mejor ahora estemos donde estamos", ha comentado.

"Hay que ser serios, si se aprueba un presupuesto, ese presupuesto hay que cumplirlo", de modo que si se aprueba un presupuesto de 18,5 millones de euros para el servicio de asistencia jurídica gratuita ahora él no puede "negociar un acuerdo en el que admita que el coste son 24 ó 26 millones".

"Eso no puede ser, y eso es algo que nos tenemos que acostumbrar en todas las administraciones. Yo no puedo renegociar por encima de un presupuesto aprobado, desde mi punto de vista eso debería ser hasta ilegal", ha apuntado.

Así mismo, ha defendido los aumentos presupuestarios previstos en partidas de justicia como el gasto corriente de los juzgados, para los que la dotación se ha aumentado un 30 por ciento este año, —con más de 10 millones de euros—.