Inés Serna Alonso, empleada de la compañía que asesoró a Socueva antes de ser embargada y acusada de la quiebra, cree que "pecó de inocente" al firmar documentos relacionados con la constructora que "no entendía del todo", "confiando" en que estaban "bien".

"Ese es mi problema, he pecado de inocente o no sé qué", ha afirmado esta trabajadora de Cota, la empresa que en julio de 2001 fue contratada por el administrador de Socueva, Miguel Tausía, para gestionar la constructora, que tres meses después fue embargada y cesó su actividad.

En base a este contrato firmado con el administrador de Cota, Miguel Martínez de la Hidalga, Tausía otorgó poderes generales a Serna Alonso —que acababa de llegar a Cota— para que pudiera realizar acciones en nombre de Socueva, una concesión de poderes sobre la que no fue consultada antes de que se materializara y de la que desconoce los motivos por los que se la dieron.

Por indicación de su jefe

En su declaración como imputada en el juicio por la quiebra de Socueva, Serna Alonso ha explicado que todos los documentos que firmó en nombre de Socueva, entre ellos una cesión de créditos de la constructora a Cota, lo hizo por indicación de su jefe, Miguel Martínez de la Hidalga, entendiendo que "estaban bien" ya que habían sido revisados por los asesores de la empresa y un notario. "A mí me dan una orden y voy", ha aseverado.

Además, Serna Alonso, para la que el fiscal pide cuatro años de prisión por un delito de insolvencia punible por su intervención en Socueva, ha narrado que ejecutó acciones y firmó documentos en nombre de Socueva cuando aún estaba "adaptándose" a Cota, la empresa de Martínez de la Hidalga en la que había empezado a trabajar el 1 de septiembre tras abandonar su puesto de jefa de compras en Candemat.

De hecho, la escritura de cesión de créditos de Socueva a Cota la firmó el 19 de septiembre de 2001, diecinueve días después de incorporarse a Cota y ya antes había rubricado con su firma otros documentos que afectaban a Socueva a pesar de que —ha dicho— "no sabía nada" sobre la constructora ni sobre su situación económica.

Sin embargo, ha reconocido que por el "goteo" de proveedores de Socueva que se acercaron a Cota reclamando que se les pagase lo que la constructora les debía "veía que algo no andaba bien", aunque "no pudo evaluarlo" porque la contabilidad no era su campo de actuación ya que ella se encargaba de aquello relacionado con el suministro y compra de materiales, proyectos técnicos y maquinaria.

"sacar suena fatal"

Durante su declaración como imputada en el juicio —hay cinco—, ha sido cuestionada insistentemente por los abogados de la acusación sobre la cesión de créditos que firmó y ha reconocido que nunca antes había firmado algo así y "no sabía exactamente qué era".

Ha añadido que le explicaron que era una "herramienta para pagar a los proveedores" de Socueva a los que se les debía dinero. "Me dijeron que era para pagar y yo entendí que estaba bien", ha asegurado Serna, quien ha insistido en que, de lo que se decía en la escritura de cesión de créditos que firmó, no interpretó que a través de esta fórmula se estaba "sacando" dinero de Socueva y traspasándolo a otra.

"Sacar suena fatal", ha dicho la imputada, quien ha reconocido que "nunca" nadie le explicó por qué se le concedieron esos poderes en Socueva y firmó la cesión de créditos por la que —dice— ha sido acusada.

Sólo una empleada

Ha insistido en que ella era solo una "empleada" de Cota, "una más" y no entiende por qué tuvo que ser ella la que firmara esos documentos y no lo hicieron directamente los responsables de Cota y Socueva, Miguel Martínez de la Hidalga y Miguel Tausía, que eran los accionistas.

De hecho, cuando le han cuestionado si no se lo ha preguntado a Martínez de la Hidalga, que actualmente es su esposo, acerca de los motivos por los que le mandó firmar esa cesión de créditos a ella y no lo hizo él ha asegurado que lo hace "un día sí y otro también".

Con la de Serna Alonso han concluido este martes todas las declaraciones de los acusados en esta causa por la quiebra de Socueva y el próximo lunes, 10 de febrero, a partir de las 9.30 horas, el juicio en la Audiencia Provincial proseguirá con la declaración de la más de treintena de testigos citados.

En el juicio, también están acusados por un delito de insolvencia punible el administrador de Cota y jefe de Serna Alonso, Miguel Martínez de la Hidalga, y el administrador de Socueva en el momento del embargo y quiebra, Miguel Tausía por, según el fiscal, elaborar un plan para "vaciar" de patrimonio a la constructora, transferirlo a otra y evitar así que fuera embargado por las deudas que tenía con varios acreedores.

Además de la pena de prisión por este delito, el fiscal pide una multa de 7.200 euros y el pago de unas indemnizaciones de más de tres millones de euros por el "perjuicio", a su juicio, generado a las acreedoras que, en este juicio, conforman la acusación particular, entre las que figura la Tesorería General de la Seguridad Social.

A Tausía, el fiscal también le considera autor de un delito societario, lo mismo que los hermanos Javier y Miguel Mirones, que son los otros dos acusados en esta causa y que también fueron administradores de Socueva, si bien ya la habían abandonado cuando la compañía fue embargada.

El fiscal les considera autores de un delito societario por, supuestamente, ocultar las dificultades que atravesaba la empresa cuando los tres la administraban, por lo que les pide un año de prisión para cada uno.

En total, en este juicio, que arrancó el pasado lunes y que está previsto que continúe hasta el 20 de febrero, el fiscal pide un total de quince años de cárcel para los cinco acusados (Javier Mirones, Miguel Mirones, Miguel Tausía, Miguel Martínez de la Hidalga y Inés Serna).