Delegados de CIG paran las obras del nuevo hospital de Vigo para denunciar incumplimientos de convenio

La idea es mantener la paralización de forma indefinida hasta que la Inspección de Trabajo "medie para regularizar la situación"

Delegados de la Federación de Construcción de la CIG mantienen paralizadas desde aproximadamente las 11.30 horas de este jueves las obras del nuevo hospital de Vigo, en Valladares, para denunciar las condiciones laborales de los trabajadores, con "incumplimientos en materia de jornada y de salario".

El responsable de CIG-Construcción, Xosé Xoán Melón, ha explicado que el acto, en el que también participan parados del sector, y que en total ha reunido a alrededor de un centenar de personas, es "una acción más para denunciar incumplimientos del convenio", considerando que esta situación se vuelve "más grave" en los casos de obras impulsadas por las administraciones públicas.

Melón afirma que, cuando comenzaron las obras, se mantuvieron diversas reuniones con la UTE adjudicataria y también con el responsable de Relacións Laborais de la Xunta, si bien "ha pasado un mes y la cosa cada día va a más".

En este sentido, ha señalado que las obras están siendo realizadas por personas en su mayoría portuguesas y en unas condiciones inferiores a las que marca el convenio sectorial. "Cobran una media de 7 euros por hora, ya que trabajan por hora, y, además, para que les compense tienen que trabajar 10 horas al día", apunta, denunciando también el incumplimiento en materia de jornada.

Melón mantiene que esta situación "es sabida y es permitida", estimando que existe "un manto de silencio que permite todo esto". EMPRESAS

Así, afirma que la empresa encargada de la estructura, Dabalpo, reúne "más de 60 sanciones" por la Inspección de Trabajo de Pontevedra y A Coruña. Sin embargo, mantiene que la Xunta "apenas ejecuta" esas sanciones.

Por otra parte, denuncia que la empresa Hierros Santacruz, que se encarga del hierro (conocido como la 'ferralla') de esta obra, y "cuyo dueño es Telmo Martín —del PP—" ha "subcontratado la actividad da otra empresa de fuera" y que los trabajadores cobran unos "500 euros al mes".

La idea inicial de la CIG pasa por mantener la paralización de forma indefinida hasta que la Inspección de Trabajo "medie para regularizar la situación".

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