Primero fueron los abogados del turno de oficio, luego los farmacéuticos y ahora son los centros de atención a personas en situación de dependencia de la Comunitat quienes, ahogados por los impagos, ya no pueden más.

La Generalitat les debe 75 millones de euros y los cierres han comenzado ya ante la imposibilidad de pagar a sus empleados y desarrollar su actividad. Hasta el momento, en lo que llevamos de año, han sido nueve, lo que ha supuesto 400 despidos y la reubicación de los usuarios en otros centros o en sus domicilios. Sin embargo, temen que lo peor llegue en Navidad, cuando muchos otros pueden optar por el cierre si no se les abona la deuda.

La “desesperada” situación ha quedado escenificada este jueves en una protesta frente a un centro de enfermos mentales de Valencia, donde usuarios, familiares y trabajadores han narrado el día a día con estos problemas económicos. En su caso, los impagos ascienden ya a 13 millones de euros.

“Si esto continúa, antes de Navidad puede que ellos [las personas con enfermedad mental tuteladas por la Generalitat], y también nuestros familiares, se encuentren en la calle, junto con cerca de un millar de personas con enfermedad mental, 500 trabajadores y una docena de empresas”, según han afirmado en el manifiesto leído.

Las cifras que maneja la patronal de residencias Aerte apunta, para el conjunto del sector sociosanitario, a una situación “crítica” que provocaría el cierre de 200 empresas, la pérdida de 13.000 puestos de trabajo y la desatención a 25.000 familias.

“Queremos llamar la atención sobre una situación muy difícil que afecta a todos. Si hace cuatro años los familiares pagábamos el 25% de la plaza residencial, ahora ya estamos en el 50%. Ya no podemos hacer frente a los gastos y tendremos que retirar a nuestros familiares”, relataba el vicepresidente de la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, Venancio Ortega.

La vicepresidenta de la patronal Aerte, María José Mira, va más allá y revela que algunas residencias “ya no pagan a sus trabajadores ni la Seguridad Social. Llevamos meses intentando buscar una solución con la Conselleria de Bienestar Social. Solo exigimos certidumbre, que nos digan una fecha en la que nos van a pagar”.

En algunos casos, las partidas impagadas se remontan al año 2007. Respecto a cómo repercute todo esto en las nóminas de los empleados de los centros, en los más pequeños ya la cobran con mes y medio de retraso.

“Situación límite”

Desde Aerte aseguran que  han llegado a una “situación límite” en la que ya no pueden “seguir financiando los impagos de la Administración” porque los bancos ya no les conceden créditos.

Movilización sindical por los presupuestos

Los sindicatos CCOO y UGT anunciaron ayer la convocatoria de movilizaciones por el “abandono de los servicios públicos” que, a juicio de ambas centrales, se va a producir con los nuevos presupuestos de la Generalitat para 2012. A través de un informe han denunciado “recortes” de 1,4 millones de euros en el Servef, de un 60% en inversiones sanitarias y apuntan que el presupuesto de Bienestar Social «solo» subirá un 0,9% el año que viene.