El Sindicato Democrático de Ganaderos Montañeses (SDGM-UPA) ha advertido del "empobrecimiento" que supondrá para las familias ganaderas la supresión por parte del Gobierno de Cantabria del servicio de retirada gratuita de cadáveres.

Según sus estimaciones, el recorte asciende a más de 3,2 millones de euros, y entre sus consecuencias se encuentra que los ganaderos tendrán que pagar unos 1.500 euros al año, lo que puede que lleve, se temen, a que algunos se deshagan de los cadáveres "de manera desaprensiva".

La otra opción es que contraten un seguro, subvencionado parcialmente, con un coste medio que calculan en 300 euros al año por ganadero.

Cantabria era la única comunidad autónoma en la que este servicio era gratuito, y esta "eficaz" modalidad se erigía como un "auténtica garantía" de preservación del medio natural, además de un "derecho adquirido" y una de las "pocas comunidades" que tenían los ganaderos cántabros.

En un comunicado, el sindicato explica que esta medida ya les fue anunciada por el Ejecutivo, que adujo la "obligación" que les imponía Bruselas, e inquieren al presidente, Ignacio Diego, si "va a tener alguna buena noticia" para ellos.

"Quizá al actual Gobierno regional se le pueda conceder la razón en cuanto a la falta de financiación para atender las necesidades de los ganaderos, pero ¿hasta cuando? Creemos que este razonamiento tendrá fecha de caducidad y no estemos el año que viene con la misma canción", apuntan.

Además, recuerdan que no han "olvidado" las promesas de Diego de inyectar 25 millones de euros adicionales al sector, ni su Plan de medidas urgentes de los 100 días. "Nuestro deber es recordárselo continuamente", han aseverado.