El que fuera administrador único de la constructora Lacile S.L. hasta septiembre de 2004, Rafael L.M, acusado de estafar casi 1.150 euros a más de una veintena de clientes por la venta de pisos, trasteros y garajes en la calle Prado de Valladolid, inmuebles que los compradores siguen sin recibir, ha asegurado que el dinero obtenido de los compradores, junto con un préstamo hipotecario por valor de casi 2.500.000 euros que concertó con el Banco Herrero, lo destinó íntegramente a la ejecución de la obra y ha mantenido que no pudo completarla por falta de liquidez.

"¡Siento mucho no haber podido terminar el edificio, que era mi mayor ilusión aunque me quedara sin pelos en la cabeza!", ha declarado gráficamente el acusado, quien, durante la primera jornada del juicio iniciado en la Audiencia de Valladolid, ha negado que cuando en 2001 inició la venta sobre plano del inmueble proyectado en los números 11 y 13 de la calle Prado era perfecto conocedor de que no iba a poder cumplir los contratos debido a la situación económica de la mercantil.

De hecho, el constructor, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha negado que por aquel entonces Lacile tuviera problemas económicos, aunque sí ha reconocido que fue a posteriori, en 2002-2003, cuando sufrió una falta de liquidez debido al aumento de precio de los materiales de construcción y al consiguiente encarecimiento del proyecto inicial.

Autocalificado como "católico de los pies a la cabeza", aunque con una condena a sus espaldas de dos años de cárcel por quedarse con 42.000 euros de una pareja por la construcción de un piso en Villalón que no entregó, el procesado ha rechazado que los fondos obtenidos de la clientela—algunos compradores había desembolsado el total del precio—y el préstamo hipotecario concertado en diciembre de 2000 con el Banco Herrero, hoy Banco Sabadell, los desviara a condonar deudas de otras de sus empresas o afrontar distintos procedimientos ejecutivos.

Infarto y cárcel

En este sentido, no sólo ha insistido en que no se ha quedado ni un euro de tales cantidades sino que, literalmente, se ha dejado la vida en el intento de que la promoción saliera adelante. "Me ha dado un infarto, he perdido a un hermano de 57 años por idéntico motivo, he estado en la cárcel y estos señores—en referencia a las víctimas—me han intentado linchar en la calle", ha enumerado Rafael L.M. como efectos colaterales de la presión sufrida.

Así, el industrial, quien ha exculpado a su hijo, Rafael L.G, socio único de Lacile, de cualquier responsabilidad en lo ocurrido porque "no pintaba nada en la empresa", ha relatado que en ese intento por sacar adelante el proyecto, que según él había ejecutado al 95 por ciento, llegó a un acuerdo con un grupo de empresas a las que, como así sostiene, cedió gratuitamente el 65 por ciento de Lacile a cambio de que levantara las cargas que pesaban sobre la mercantil y concluyera el inmueble, compromisos que no fueron cumplidos por los nuevos inversores.

El juicio contra el empresario, que comparte banquillo con su hijo y con Alejandro B.P, quien ocupó el puesto de administrador de Lacile en sustitución del primero, en cuyo mandato se fraguó la venta de la empresa a Contex Confecciones S.L, con un objeto social ajeno totalmente a la construcción, continuará mañana y el viernes.

Con carácter provisional, el Ministerio Fiscal solicita para Rafael L.M. y su hijo doce años de prisión y multas de 25.920 euros para cada uno de ellos por un delito continuado de estafa y otro de alzamiento de bienes, junto con la obligación de indemnizar, de forma conjunta y solidaria, a sus víctimas con cantidades que suman 1.148.000 euros, con responsabilidad subsidiaria de Lacile S.L, mientras que Alejandro B.P. se expone a una condena de cuatro años de privación de libertad y a una multa de 12.960 euros por alzamiento de bienes.