La consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Cristina Mazas, comparecerá el 22 de noviembre en la Comisión de Economía del Parlamento para explicar la supresión de los impuestos de Sucesiones y Donaciones en la comunidad autónoma.

Así se ha acordado este miércoles en el seno de la Comisión de Economía de la Cámara cántabra, a petición del Grupo Parlamentario Regionalista, que se ha interesado por estas medidas, que el Gobierno ha concretado en un proyecto de Ley.

La parlamentaria regionalista Alodia Blanco ha explicado que su grupo quiere saber si en el caso del Impuesto de Sucesiones se ha tenido en cuenta su incidencia en la recaudación de ingresos de la comunidad autónoma, y en cómo puede afectar este impacto a las políticas sociales.

También quieren conocer si la reforma se limita "únicamente" a estos dos impuestos en aspectos "muy concretos", y por qué se presenta por separado, si se iba a tramitar dentro de la conocida como Ley de Acompañamiento.

Asimismo, el PRC espera conocer si esto supone que el Ejecutivo presidido por Ignacio Diego "renuncia" a una reforma "en profundidad" del Impuesto de Donaciones, que, ha recordado, "estuvo pidiendo durante toda la legislatura".

Los regionalistas confían así en poder "evitar" una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley, que, advierten, "se produciría ante la falta de criterios de sí realmente el Gobierno se va a limitar a reformar estos impuestos y en estos aspectos concretos o por el contrario va a proponer una reforma fiscal más amplia, con otra distribución de los impuestos y con otra repercusión, tanto en los ingresos como en los gastos de los presupuestos que se van a presentar a partir del día 22."

Desde el PSOE, la diputada Rosa Eva Díaz Tezanos, ha respaldado esta petición con la que esperan conocer "de primera mano" y "despejar los incertidumbres" los motivos de esta modificación.

El PP, a través del diputado Luis Carlos Albalá, ha apoyado "de buen grado" esta petición de comparecencia, para la que ha propuesto como fecha el martes, día 22, a las diez de la mañana , cita a la que se ha remitido para las valoraciones sobre el "fondo" de la reforma.

Sucesiones y donaciones

La intención del Gobierno de Cantabria es suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mediante la rebaja en un 99 por ciento el gravamen de las transmisiones por muerte y donaciones en vida entre padres, hijos y cónyuges.

La modificación supondría que la Administración regional deje de ingresar 1,5 millones de euros.

La eliminación del Impuesto tiene dos partes, que afectan a las transmisiones por muerte y donaciones en vida.

La primera afecta a las transmisiones mortis causa, por las que el caudal hereditario de la persona fallecida pasa a sus descendientes y. este caso, se establecen dos modificaciones, una, dirigida a las familias y otra destinada a facilitar la transmisión de empresas.

Respecto de las familias, se establece una bonificación del 99 por ciento de la cuota tributaria en las adquisiciones de los grupos 1 y 2, es decir, los ascendientes y descendientes directos, incluyendo a las parejas de hecho inscritas en el Registro autonómico.

Además, se establecerá una reducción autonómica de la base imponible en la transmisión de una empresa, también del 99 por ciento, no sólo a ascendientes y descendientes directos, sino a quien va a heredar la empresa.

La segunda parte de la modificación está relacionada con las trasmisiones inter vivos, con dos líneas, una, que afecta a las donaciones de dinero para crear empresas, en la que se fija una bonificación del 99 por ciento en la cuota tributaria hasta los primeros 100.000 euros en metálico donados a los grupos 1 y 2 para la puesta en marcha de una actividad económica, la adquisición de una ya existente o de participaciones en sociedades con determinados requisitos, mejorando e incrementando las condiciones que había hasta ahora.

Cuando la empresa que se va a donar aumente su plantilla en los últimos 12 meses o bien se van a crear puestos de trabajo, la base imponible se incrementa hasta 200.000 euros, con el requisito de que los puestos de trabajo se mantengan dos años.

Por otro lado, la modificación incluye un incremento de la reducción del 99 por ciento en la base imponible del valor de adquisición para la transmisión de las propias empresas.