La crisis económica mundial está incidiendo también en el desarrollo y las víctimas de la trata de mujeres para fines de explotación sexual en Galicia, aunque las brasileñas y las rumanas continúan siendo las más afectadas por esta lacra en la Comunidad.

Así lo ha apuntado la secretaria xeral de Igualdade, Marta González, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la conmemoración este viernes del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

En concreto, Marta González ha señalado que la Xunta tiene "indicios" de que la crisis económica ha modificado algunas cuestiones de la trata de mujeres en la Comunidad, en España y en Europa en general, aunque en un doble sentido.

En particular, ha recordado que la crisis ha "limitado" las "posibilidades de acceso al país", por lo que "la migración se ha reducido". "Ahora mismo no se tiene esa perspectiva de que aquí es fácil encontrar trabajo", ha señalado la secretaria xeral, al tiempo que ha recordado que "muchas mujeres víctimas de trata son a su vez víctimas de engaño" bajo la promesa de un trabajo digno en Galicia, muchas veces como cuidadoras o empleadas en hostelería.

Por el contrario, Marta González ha apuntado que la crisis que afecta a España "también está afectando a otros países", como es el caso de Brasil, lo que "evidentemente" aumenta "las necesidades de migrar" aún a riesgo de "caer en las redes de una mafia de trata de mujeres". SITUACIÓN

La información que las administraciones públicas gallegas disponen sobre la trata de mujeres en la Comunidad, sin embargo, no ha mudado mucho y los últimos datos oficiales datan del periodo 2005-2008, en el que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado identificaron a 234 mujeres en Galicia ejerciendo la prostitución bajo amenaza.

"El fenómeno tiene que ser mayor", ha señalado Marta González, que ha recordado las "dificultades" que presenta la propia trata de mujeres para "llegar a conocer las dimensiones del problema", sobre todo por su carácter "oculto" e "irregular".

Sin embargo, la secretaria xeral sí ha apostillado que las brasileñas —por "proximidad lingüística y cultural"—, en primer lugar, seguidas de las rumanas y las nigerianas, son las más afectadas por esta lacra. PROYECTO 'ITINERIS'

En consonancia con estos datos, la Xunta de Galicia está llevando a cabo, junto con los gobiernos de Portugal y Brasil, el proyecto Itineris, para actuar contra la problemática de la trata de mujeres para fines de explotación sexual en Brasil, tanto en el origen como en la llegada a Europa.

"El proyecto se desarrollará fundamentalmente en Brasil", ha señalado Marta González, que ha evidenciado la necesidad de "informar adecuadamente a las personas que inician su proceso migratorio en Brasil de las circunstancias que se dan en Galicia y de las posibilidades que existen de caer en manos de organizaciones que trafican con personas".

Para ello, de forma conjunta, se realizarán "actuaciones de formación de varios departamentos del Gobierno brasileño que están relacionados con migraciones" y se "estrecharán lazos de comunicación" entre los gobiernos brasileño, luso y gallego con el objetivo de intercambiar formas de trabajo y "revisar protocolos".

Entre otras cuestiones y de cara al futuro, la Xunta también trabajará en la elaboración de una investigación sobre la trata de personas en la Comunidad con el objetivo de conseguir "más información" sobre el fenómeno para poder combatirlo.

Dificultades judiciales

"Tanto a nivel social como a nivel judicial, la problemática más grave desde el punto de vista del país de destino es la gran dificultad para que las mujeres se avengan a colaborar", ha apuntado la secretaria xeral,

En este sentido, Marta González ha recordado que "en la mayoría de los casos" las víctimas de trata "tienen miedo", porque "generalmente dejan hijos en situación mala" en sus países de origen y temen que, si colaboran con la Policía, se pongan en riesgo "a ellas mismas o a sus familiares".

Aunque se trata, según la secretaria xeral de Igualdade, de un problema de "difícil solución", la Xunta trabaja en colaboración con las demás administraciones implicadas para "poner las condiciones más adecuadas para que las mujeres se avengan a testificar".