La defensa del fundador de Nueva Rumasa, José María Ruíz-Mateos, ha entregado a la jueza instructora de la presunta estafa por valor de 13,9 millones de euros a Inversiones Grupo Miralles (IGM) una carta médica en la que expone los motivos por los que no pudo comparecer en calidad de imputado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, y que concreta en problemas de movilidad derivados de la enfermedad de parkinson que padece.

Después de que el pasado 27 de julio el patriarca del conocido 'holding' empresarial no acudiese a su cita con la magistrada Raquel Crespo alegando enfermedad, la jueza le requirió que justificase con un certificado médico la causa por la que no podía desplazarse a la capital balear para prestar declaración. De esta forma, ha sido este jueves cuando su abogado, Ignacio Peláez, le ha hecho entrega de una carta en la que el médico explica que el empresario sufre movilidad reducida que le impide realizar el trayecto y se muestra a disposición del Juzgado.

Mientras tanto, esta jornada han comparecido dos de sus hijos contra quienes también se dirige la querella que interpuso el Grupo Miralles, José María y Álvaro Ruíz-Mateos y que, en la misma línea que el resto de hermanos que han declarado, han atribuido a su padre todas las negociaciones en la compra de un hotel al Grupo Miralles, operación que habría dado lugar a la presunta estafa.

En concreto, Álvaro Ruíz-Mateos ha manifestado que conoce "a grandes rasgos" la operación de compraventa del hotel Eurocalas y que desconoce los detalles, ya que las negociaciones las llevaba directamente su progenitor. Tal y como ha señalado, su única intervención se concretó en su firma para avalar la operación, ya que, según la querella, se acordó el pago aplazado de 22,8 millones de euros a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía y el aval de la sociedad Montumo así como de José María Ruiz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros.

Sin embargo, ha aseverado que el propietario de IGM, Francisco Miralles, "era conocedor" de que su familia y él no tenían bienes a su nombre cuando requirió el aval. A pesar de ello, ha manifestado, el denunciante "insistió en dicha garantía".

En esta misma línea, José María Ruíz-Mateos ha negado haber participado de forma directa en la operación aunque sí ha recordado que inicialmente el pago de la misma se concretó en 116 pagarés. Tal y como ha apuntado, en aquella época no tenían patrimonio a su nombre, lo que era conocido por Miralles a quien le habían comunicado "expresamente" esta circunstancia y que se trataba de una "garantía moral".

"Entiendo que un empresario debe efectuar las gestiones pertinentes en orden a determinar la solvencia de las personas con las que negocia", ha enfatizado al respecto el hijo del empresario gaditano. En cualquier caso, ha explicado que a la vista de los impagos, la deuda se renegoció en dos ocasiones.

Según la querella de IGM, a la que tuvo acceso Europa Press, en el marco de la operación los denunciados "avalaron con evidente mala fe" ya que ninguno de ellos "tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España", al tiempo que asevera que los pagos se fueron abonando hasta que fueron interrumpidos en el verano de 2010. Hasta el momento, se ha satisfecho un total de 10,85 millones de euros y quedarían pendientes de pago 12,81 millones, según la querella, que cifra la estafa en 13,93 millones al sumar intereses y actas de Hacienda.

Cabe señalar que la próxima semana están citados varios testigos, entre ellos Miguel Miralles, hijo del propietario de la empresa querellante. La denuncia de Miralles se suma a la denuncia presentada por la familia Radó ante la Fiscalía contra la familia Ruiz-Mateos por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y estafa procesal. La familia Radó estima que Nueva Rumasa le adeuda 7,34 millones de euros por la compra de las acciones que poseía en las sociedades que explotan dos hoteles 'Beverly'.