La juez Alaya toma declaración este jueves a la dueña de 'Río Grande' y a María del Carmen Fontela

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, ha llamado a declarar este jueves a la dueña del restaurante sevillano 'Río Grande' y a María del Carmen Fontela, la segunda 'intrusa' descubierta en la trama.
Caso De Los ERE Falsos
Caso De Los ERE Falsos
EUROPA PRESS/ARCHIVO
Caso De Los ERE Falsos

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, ha llamado a declarar este jueves a la dueña del restaurante sevillano 'Río Grande' y a María del Carmen Fontela, la segunda 'intrusa' descubierta en la trama.

De este modo, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, la juez Mercedes Alaya tomará declaración en la mañana de este jueves a María del Carmen Fontela y a María del Carmen García, propietaria del restaurante referido y en cuyo expediente de regulación de empleo fue prejubilada precisamente Fontela González pese a no figurar en la plantilla. Además, Fontela sería incluida en el ERE de Mercasevilla del año 2003.

Tras estas declaraciones estaba previsto que la juez instructora interrogara este mismo viernes a Alejandro Millán Torres, oriundo de El Pedroso y prejubilado en un expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por Fomento de Construcciones y Constratas (FCC) S.A. pese a no haber formado nunca parte de su plantilla, y a Rafael Ruiz García, "amigo" del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. No obstante, han sido aplazadas hasta el día 22 del presente mes de septiembre.

Asimismo, la juez ha aplazado hasta el próximo día 29 de septiembre las declaraciones de Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez, y Antonio González Pérez, declaraciones que inicialmente estaban previstas para el próximo día 19 de septiembre. Estas tres personas fueron incluidas en el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto'. Tanto Rafael como Antonio eran antiguos empleados de la fábrica de muebles Promi, ubicada en Cabra (Córdoba).

La titular del Juzgado indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

El "fondo de reptiles"

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

En el marco de estas diligencias, la juez Mercedes Alaya emitió un auto en el que citaba a declarar a un total de 14 beneficiarios de estas prejubilaciones fraudulentas, toda vez que todos ellos habrían comparecido ya ante los investigadores de la Policía Judicial en los últimos meses como fruto del avance de las actuaciones. En concreto, el pasado mes de julio tomó declaración, en primer lugar, a los vecinos de Camas (Sevilla) Juan Manuel López Espada, José Acevedo y José Antonio García Prieto.

Este último, de hecho, dimitía como secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de Camas al ser conocida su prejubilación en una empresa para la que nunca había trabajado. Los tres primeros prejubilados, a los que la juez imputa sendos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en su condición de extraneus, se acogieron a su derecho a no declarar y se limitaron a ratificar la declaración prestada en sede policial, donde dijeron que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ofreció a García Prieto unas "ayudas de supervivencia".

Los prejubilados de camas

Posteriormente, fueron llamados a comparecer Ricardo Medina Barrios y José Antonio Márquez Sánchez, también vecinos de Camas y supuestamente beneficiarios de estas falsas prejubilaciones, aunque ambos, siguiendo la línea marcada por los otros tres imputados, se negaron a declarar y ratificaron su declaración policial.

Asimismo, el pasado viernes tomó declaración al exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo y a Andrés Carrasco Muñoz, natural de este municipio y prejubilado supuestamente en un expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por Aceitunas y Conservas S.A.L. (Acyco) pese a no formar parte de su plantilla y "amigo" de Francisco Javier Guerrero.

Mientras Rosendo negó ser un "intruso" como los investigados por el Juzgado y defendió que las cuantías percibidas con cargo a una póliza de seguro de rentas son "ajenas a cualquier expediente de regulación de empleo", Carrasco Muñoz confirmó tal extremo y relató que acudió él mismo a Francisco Javier Guerrero porque, regentando un quiosco de churros, sus ingresos apenas alcanzaban los 700 euros.

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