El Gobierno revisará el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cantabria, que data de 1927 e incluye un total de 480. Lo hará con criterios "técnicos" y desafectará "excepcionalmente" parcelas de dominio público forestal en las que se vean afectados derechos fundamentales de los ciudadanos.

En este sentido, el Ejecutivo se ha comprometido a que ninguna persona o familia que tenga su primera vivienda en el monte "tendrá que salir de su casa". Y tampoco se "dejará en la estacada" a quienes tienen su estabulación en el monte, que podrán seguir desarrollando su actividad.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, en su primera comparecencia en el Parlamento de Cantabria, donde también ha explicado que se actuará, junto a las entidades locales propietarias de los montes, a través de la Federación de Municipios de Cantabria, para unificar los requisitos exigidos a las empresas para realizar aprovechamientos forestales.

Sin embargo, estas medidas no han convenido al PRC, cuyo representante, Fernando Fernández, ha acusado a la consejera de "vender humo con un teléfono de la esperanza", y ha pedido al PP que modifique "su ley" y así "se acaba el problema de un plumazo", ha dicho.

El regionalista ha recordado que la Ley de Montes fue aprobada por el Partido Popular en 2003, con lo que el "origen" de los problemas actuales "es su ley"; una normativa con la que, si no se modifica, "es casi imposible dar soluciones con garantías jurídicas a los afectados", ha asegurado.

"¿Por qué no piden en Madrid la modificación de la ley?", ha preguntado a Martínez, quien no ha respondido a esta cuestión.