El Grupo Municipal Socialista de Albacete presentará una moción para que sea debatida y aprobada en la sesión plenaria de este jueves, con la finalidad de que Ayuntamiento de Albacete exprese su disconformidad con la supresión de la Institución del Defensor del Pueblo de Castilla la Mancha.

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Martínez, ha presentado este miércoles esta moción en la que también se instará al Consistorio albaceteño a que solicite al Gobierno regional que retire el proyecto de Ley recientemente aprobado, que tiene como finalidad la eliminación de esta Institución, y a que muestre su preocupación por la merma en la garantía de los derechos de los ciudadanos castellano-manchegos, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según ha explicado el portavoz, la supresión del Defensor del Pueblo supondría la eliminación de una institución de ámbito regional dirigida a "proteger los derechos específicos" en la región y que ha contribuido eficazmente a defenderlos desde su creación.

Asimismo, Antonio Martínez también ha argumentado que, de no apoyar esta moción, la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, y la presidenta de la Comunidad Autónoma, María Dolores de Cospedal, tendrán el "dudoso honor" de pasar a la historia como las dos albaceteñas que permitieron la supresión de una de las dos instituciones de carácter regional hasta ahora existentes, "la primera por inacción y pasividad y la segunda como promotora e impulsora".

Merma de garantías

Por último, Antonio Martínez ha expresado su pesar por que es la primera vez en la historia de la democracia que se suprime una Institución de esta naturaleza, creada, además, para controlar la acción de la Administración y del Gobierno que propone su supresión.

Ha concluido recordando que ninguna de las restantes Comunidades Autónomas que han creado y tienen en funcionamiento Instituciones similares han iniciado trámites para su eliminación, sino al contrario, la medida ha ocasionado que los gobiernos de Comunidades de todos los signos políticos se manifiesten expresamente contrarios a suprimir sus propios defensores regionales, por entender que ello mermaría la calidad de las garantías que protegen los derechos de sus ciudadanos.