Los poderes públicos deben fortalecer el sistema de seguridad jurídica preventiva en defensa de los consumidores y del libre mercado, así lo ha subrayado el notario Rafael Martínez Díe en el seminario sobre la Directiva Europea de los Consumidores organizado por el Consejo General del Notariado en los cursos de la UIMP.

Asimismo, ha destacado que el consumidor está en un situación de inferioridad y necesita de "especial protección" que no sólo debe ceñirse a bienes o servicios defectuosos sino que debe ampliarse a productos financieros. De esta manera, defiende que es necesario establecer "mecanismos reguladores que tutelen los derechos de los ciudadadnos".

En su opinión, "es tan importante reducir los costes de producción como los de transacción" y por ello, defiende la existencia de mecanismos de seguridad jurídica en el momento de adquisición de un bien, y ha defendido que la actuación notarial "tiene importancia en la configuración de esos derechos".

En la misma línea, el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Carlos Fernández de Simón, ha señalado que una de las vías para reforzar esos derechos es incrementar la seguridad jurídica pero que si "esa seguridad jurídica es, además, preventiva, la protección es mayor".

Por otro lado, la Comisión Europea ha hecho un esfuerzo por tratar de reducir las diferencias existentes entre los Estados de la UE en materia de protección de consumidores. El catedrático del Instituto Europeo de Estudios Legales de Osnabrück, Christoph Buch, destacó el esfuerzo "loable" de la inicitiva que trata de "arrojar la luz sobre la panoplia de enormes divergencias en la protección de usuarios y consumidores en los 27 Estados miembros".