El juez instructor del caso Ibatur, Juan Ignacio Lope Sola, interrogará este lunes en calidad de imputado al ex conseller de Economía y empresario Alejandro Forcades, quien durante la última legislatura del PP (2003-2007) habría resultado favorecido desde el Govern con numerosos contratos 'a dedo' al haber sido fraccionados en partidas menores de 12.000 euros a fin de eludir la convocatoria de un concurso público.

Su comparecencia se suma a la deº otros empresarios a los que el magistrado ha tomado declaración por haber sido presuntamente beneficiados por el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) mediante esta misma fórmula. Así, en el caso de quien fuese conseller bajo el mandato de Gabriel Cañellas (PP) y actual presidente del Círculo de Economía de Mallorca, las pesquisas apuntan a que los contratos le fueron adjudicados a través de la empresa SM2, dedicada a las nuevas tecnologías de la información.

Al ser interrogado en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, Forcades, defendido por el abogado Gabriel Garcías, negó que los contratos que percibió hubieran sido fraccionados para serle concedidos de forma directa. Junto a él están citados este lunes los empresarios José María Aldazabal y Antonio Mir, quienes comparecerán también en calidad de encausados, tal y como consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 acordó citarles junto a otros imputados después de que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional remitiese al caso un informe en el que atribuye a estos y otros proveedores haberse concertado con los responsables del Ibatur a fin de resultar beneficiados de contratos fraccionados, una práctica fraudulenta que se habría producido al margen de los procedimientos de contratación.

Tal y como reflejan diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa, el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.

Las investigaciones revelan que era "práctica habitual" de la empresa pública fraccionar contratos y hacerlo de dos formas diferenciadas, es decir, por un lado una sola mercantil facturaba varios contratos menores por un único evento diversificando los conceptos, mientras que por otro se aprecian supuestos de fraccionamiento de contratos cuyo origen es sustancialmente idéntico.

Cabe recordar que esta compleja causa permaneció bajo secreto durante más de año y medio, y en sus distintas fases policiales fueron detenidas hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur R.A. y Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión-, y el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet.