El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que se creó en 2002 en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha publicado recientemente un informe para visibilizar "la crudeza" de la violencia machista, que se ha cobrado la vida de 1.020 mujeres desde 2003, la de 30 menores desde 2013 (el año en el que se comienza a contabilizar estas cifras) y ha dejado huérfanos a 264 desde ese mismo año.

El organismo ha analizado por primera vez los casos de un trienio, el 2016-2018, en el que fueron asesinadas 151 mujeres en 37 provincias repartidas por todas las comunidades autónomas españolas, lo que evidencia que ningún territorio escapa a esta lacra, según los expertos.

El análisis pormenorizado de los datos ha permitido al organismo elaborar perfiles tipo de la víctima, de su agresor y también de los crímenes, pero hay algo más relevante que la explotación estadística de los datos: las deficiencias que los miembros del CGPJ han detectado y sobre las que ponen una serie de alertas.

Parece una recomendación evidente, pero los datos apuntan que el 80% de las mujeres asesinadas no habían denunciado los malos tratos. Se trata de una conducta muy extendida entre las mujeres que son madres, dicen los expertos, porque "tienen miedo ante el temor añadido de represalias del maltratador contra sus hijos".

"Denunciar es el paso previo necesario para que las administraciones puedan poner en marcha su maquinaria", afirma el Observatorio, que asevera que el silencio "es un factor de riesgo". Ante el temor de las víctimas, el organismo anima a que sean sus allegados quienes acudan a denunciar. Actualmente, solo entre el 5 y el 7% de las denuncias por malos tratos son presentadas por el entorno de las víctimas. "Nuestra contribución puede ser determinante para salvar vidas", dice el Observatorio.

No hay que perder de vista que 46 mujeres asesinadas entre 2016 y 2018 sí pidieron ayuda y acudieron a denunciar, aunque fue insuficiente para evitar los crímenes.

Sobre este preocupante dato, el Observatorio del CGPJ reconoce que se deberían hacer propuestas de reformas en "la práctica legal, jurídica y de provisión de servicios", así como en los recursos especializados. Se han evidenciado "fallos o vacíos" de los sistemas de protección implementados, inciden, que sería necesario resolver.

La violencia machista en España no es exclusiva de determinados territorios, sino que se extiende a lo largo y ancho del territorio. "No hay una sola provincia en la que no se hayan producido al menos dos casos de asesinato de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas (desde que se contabilizaban los datos)", asevera el Observatorio.

"Los crímenes se han producido en todo tipo de poblaciones", agregan, ya que en torno al 70% de los casos se producen en pueblos o ciudades de menos de 100.000 habitantes. "Esto implica la necesidad de redoblar los esfuerzos en el ámbito rural, donde los datos indican que las mujeres están más desprotegidas", afirma.

El organismo del CGPJ hace hincapié en que deben extenderse a estas zonas todos los recursos de prevención de la violencia de género, así como los dirigidos a prestar asistencia y protección a las víctimas. "La coordinación entre todos los servicios, siempre necesaria, se hace aquí aún más indispensable", apuntan.

Casi la mitad de los agresores (el 47%) se entrega a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, avisa a sus familiares o permanece en el lugar del crimen hasta que son detenidos. Alrededor de un 22,5% de los asesinos se suicidan después de matar y hasta un 13,5% lo intenta sin éxito. Ampliamente, las conductas conductas autolesivas las llevan a cabo españoles (siete de cada diez).

El informe del trieno 2016-2018 es un "avance" de otro más amplio que están preparando después de que en junio de 2019 se contabilizara un millar de asesinatos machistas en España desde 2003, cuando comenzaron a elaborarse estadísticas.