El presidente de la Confederación Europea del Calzado, Rafael Calvo, confía en que el Gobierno transponga «lo antes posible» la nueva directiva europea en defensa de la propiedad intelectual, con el fin de proteger al sector del calzado de la piratería. La nueva directiva considera delito la piratería y contempla penas de cárcel para quienes la incumplan en determinadas circunstancias. El Gobierno español tiene un plazo de 18 meses para incluir la directiva. Según Calvo, «es necesaria, porque la Justicia no emite casi sentencias contra falsificadores».