Todo indicaba, hace ahora un año, que en cuestión de días la invasión rusa de Ucrania habría terminado. En pocas horas, las tropas del Kremlin se encontraban a escasos kilómetros de Kiev. A medida que ganaban territorio y se acercaban a la capital, la caída del Gobierno ucraniano parecía más una certeza que una posibilidad. El futuro de su presidente, Volodímir Zelenski, como el de tantos líderes en el pasado, enfrentaba la detención, la huida o, en el peor de los casos, la muerte en medio de los combates. Todo esto parecía plausible hace un año. Nada ha ocurrido 365 días después.

La guerra continúa; Zelenski persiste y el Ejército ruso sigue ocupando territorio de su vecino. Los 12 meses de tragedia se han saldado ya con millones de refugiados y la muerte de centenares de miles de personas. El tiempo se paró para todos ellos. Para los que han quedado, el futuro sigue sin estar claro. Dependen del fin de una guerra que vuelva a dar cuerda a un reloj que, pese a funcionar, estará para siempre mellado.

Aunque los libros de historia pondrán el 24 de febrero de 2022 como el inicio de un nuevo capítulo cruel en Europa, lo cierto es que todo empezó mucho antes. En el año 2014 las protestas del Euromaidán derivarían en la anexión ilegal de Rusia de la península de Crimea y el apoyo del Kremlin a las aspiraciones separatistas de las regiones de Donetsk y Lugansk, al este del país. La guerra en esa zona de Ucrania continuaría durante los siguientes ocho años. Los acercamientos de los posteriores Gobiernos ucranianos con la Unión Europea y la OTAN elevaban de forma cíclica la tensión con su vecino, que aseguraba que este movimiento sería una amenaza contra su seguridad.

Zelenski y Vladimir Putin son las cabezas visibles que encarnan a los dos bandos enfrentados en la guerra de Ucrania. Dos líderes diametralmente opuestos que ejercen el mando con discursos, escenografías y gestos muy diferentes, pero ambos con una enorme capacidad de persuasión.

"Zelenski ha recogido el liderazgo fuerte de los antiguos países de la órbita soviética, pero lo ejerce de una forma mucho más empática, busca la empatía en su público objetivo y a partir de ahí marca unas líneas de actuación", explica Víctor Renobell, director del grado de Ciencias Políticas en la UNIR y doctor en Sociología.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace ya un año puso a las claras la guerra energética que Moscú llevaba librado con los países de la UE desde hacía meses. Sucedió después de cortes indiscriminados de las tuberías que llevaban su gas a los Estados miembros, que dieron lugar a un incremento progresivo de los precios de la electricidad. Por eso, la primera sensación que recorrió desde la mente de los consumidores hasta el Congreso de los Diputados fue si la declaración definitiva de hostilidades tendría como consecuencia cortes de suministro. En el último año, la energía ha centrado el debate político y social como nunca antes y ha habido ocasión de comprobar que las garantías por parte del Gobierno de que no habría desabastecimiento se han demostrado certeras, pero también el verdadero riesgo al que apuntaban Moncloa y el Ministerio de Transición Ecológica: habría gas y electricidad, pero a precios mucho más caros. La experiencia de este primer año ha sido una contrarreloj para bajar los precios de la energía que contribuyó a otra subida histórica, la de la inflación, mediante bajadas de impuestos y creación de bonos y tarifas y refuerzo de otras existentes, el mecanismo ibérico.

En paralelo a las medidas para contener los precios, el último año ha sido el de una doble búsqueda por caminos opuestos. Por una parte, el despliegue de energías renovables ha dado un paso de gigante, con el objetivo de que más pronto que tarde energías limpias y baratas y generadas en España como la eólica y la fotovoltaica terminen por sustituir a los combustibles fósiles, el gas particularmente, que es necesario importar. Por otra parte, el corte de relaciones comerciales con Rusia ha llevado a España y al resto de la UE a buscar nuevos suministradores de gas, no tanto por tubería como por barco, incrementando las vías comerciales desde Estados Unidos, pero también desde países tan poco democráticos como Qatar o Azerbayán.


"Damos por descontado que, incluso en el caso de que ojala se produzca el cese de hostilidades, no podemos contar con Rusia para nuestra seguridad energética", como "suministrador fiable", afirmaba la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en el aniversario del inicio de la guerra, el viernes pasado. "Europa está aprendiendo a independizarse de Rusia", añadió sobre la experiencia de estos últimos doce meses en los que ha sido necesario buscar nuevos abastecedores y reformar reglas energéticas, en la UE y también en España.

El 24 de febrero de 2022 Kiev, la capital ucraniana en la que empezamos nuestra cobertura, se despertó de madrugada con los primeros misiles rusos impactando en la infraestructura de la ciudad. Los kievitas oyeron las fuertes explosiones y sus primeros mensajes enviados aquella mañana contenían una sola frase: "Empezó la guerra". En pocos minutos la gente ya metía toda su vida en una sola maleta y se dirigía al oeste del país. El pánico de aquellas primeras horas se reflejaba en las carreteras llenas de coches y los textos desesperados en las redes sociales.

Ahora, un año después, la ciudad permanece en relativa calma: la gente pasea tranquilamente pese a que las sirenas suenan de vez en cuando. La plaza de la Independencia parece hasta festiva, decorada con pequeñas banderas de color azul y amarillo. Al acercarse a ellas, se observa el nombre de los soldados fallecidos escritos con rotulador negro sobre la tela. Entre ellos, los apodos de los miembros del regimiento de Azov que lucharon en Mariúpol, una de las páginas más duras de acontecimientos que ya se pueden considerar históricos.

Este paisaje en el corazón de Ucrania refleja la paradoja de un país en guerra. Mientras a unos kilómetros, en el este nevado, los soldados se juegan la vida, Kiev mantiene la ilusión de la vida normal en la retaguardia con sus luchas internas. Un mundo dual que se refleja en la vida de los protagonistas de nuestros reportajes en los primeros días de invasión.

En este año de guerra, que muchos ucranianos nunca creyeron que llegara a estallar tras un conflicto enquistado en el Donbás desde 2014, han fallecido más de 7.000 civiles y casi 12.000 han resultado heridos, de acuerdo con la ONU, con independencia de todas las bajas ocurridas en el campo de batalla. Asimismo, más de ocho millones de refugiados se encuentran repartidos por toda Europa después de verse forzados a dejar sus hogares por la invasión, si bien el país que más desplazados ha recibido en este tiempo ha sido Rusia, con más de dos millones y medio.

En este escenario, los países occidentales se han volcado en enviar asistencia humanitaria, militar y financiera a Ucrania para ayudar a subsistir a una población golpeada por ataques, cortes de electricidad, dificultades de abastecimiento y la constante amenaza nuclear. Las donaciones en este periodo han superado los 157.000 millones de euros, de acuerdo con el Instituto Kiel para la Economía Mundial, y han contado con Estados Unidos como principal artífice de esta asistencia, seguido de los países europeos y la UE.

"Los próximos días serán clave, pueden suponer el fin de la paz en Europa". La frase la pronunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados. Era 23 de febrero de 2022. Horas después, Rusia invadía Ucrania y daba comienzo una guerra que, pese a las previsiones de Vladímir Putin, todavía dura y al mismo tiempo ha provocado que España se comprometa al fin con la OTAN: Madrid fue la sede de una cumbre histórica y el Gobierno ha acelerado en sus compromisos en Defensa.

El camino, eso sí, no ha sido lineal, casi como si el Gobierno se hubiera ido convenciendo de su respuesta conforme iban pasando las semanas. El día del estallido del conflicto, todavía coleaba la resaca de la convalidación de la reforma laboral -que terminó aprobándose in extremis- y el Ejecutivo estaba inmerso en hacer despegar la implantación de los fondos europeos tras el 'shock' económico de la pandemia, y en la preparación de la Conferencia de Presidentes en la isla de La Palma, donde meses antes había erupcionado un volcán.

Las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania durante su primer año se han dejado sentir en todas las esferas, y la estabilidad de la coalición de Gobierno en España no ha sido una excepción. A pesar de los 2.853 kilómetros que separan -a vuelo de pájaro- Madrid de Kiev, la alianza entre PSOE y Unidas Podemos se ha visto sacudida por el terremoto que ha provocado el mayor conflicto convencional en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. El envío de armas ofensivas al Ejército ucraniano provocó el primer cisma profundo entre ambas formaciones con motivo de la guerra. Pero, desde entonces, han sido varios los choques entre ambos, y también entre Podemos y su líder en el Gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Hasta el estallido de la contienda, las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en materia de política exterior y de defensa habían quedado en un segundo plano precisamente porque esas áreas habían sido secundarias en un inicio de legislatura marcado, primero, por la pandemia de Covid-19 y, en segundo lugar, por la recuperación económica que la siguió. Pero las discrepancias en estos asuntos -que son históricas entre el PSOE y los partidos a su izquierda- tomaron relevancia en cuanto se produjo la invasión, y la primera de ellas tuvo lugar apenas unas semanas después de iniciado el conflicto, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció por sorpresa el envío de armas a Ucrania.

Fue el 2 de marzo, apenas unos días después de la invasión, cuando Sánchez confirmó el viraje en su posición, ya que inicialmente el presidente había pactado con Unidas Podemos vehicular toda la ayuda militar a Ucrania a través de la UE, lo que implicaba que España no enviaría material por su cuenta. Esta postura solo duró 48 horas, y Sánchez justificó el cambio asegurando que quería evitar que nadie pudiera poner "en cuestión el compromiso del Gobierno" con el país agredido. El envío fue anunciado solemnemente por el presidente en una sesión extraordinaria del Congreso, en mitad de un ambiente solemne, y fue apoyado por la vicepresidenta Díaz y por IU y En Comú Podem, la rama catalana de Unidas Podemos.