El colectivo de ciclistas españoles implicados en la Operación puerto "está dispuesto a colaborar para buscar soluciones, pero con las
garantías debidas", según manifestó este juevese José Javier "Pipe" Gómez, presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP).

"Estamos dispuestos a colaborar para buscar una solución a esta situación tan complicada, pero queremos garantías de que se aplique la ley correctamente. La ley anterior no culpó a nadie y la nueva contempla la reducción de sanciones", explicó el presidente de la ACP.

Tenemos que aunar esfuerzos todos ya que el problema no es solo de los corredores

Pipe Gómez admitió que la situación es complicada y abogó por aunar esfuerzos entre la Federación, los ciclistas, equipos y organizadores, ya que "no tenemos una varita mágica y el problema no es solo de los corredores".

El caso de Basso

"Queremos que el ciclista tenga garantías a todos los niveles. Se dice que a Basso le pueden reducir la sanción a un año, pero es imposible con la aplicación del código ético que firmaron los equipos, que tiene aspectos interesantes pero otros no tanto. La ley española permite ahora la reducción, pero con el código la inhabilitación es de 4 años", explicó Gómez.

La solución podría pasar, según el presidente de la ACP "si se desmonta parte del código ético" y sugiera la intervención de la Federación internacional (UCI), "que algo tendrá que decir, ya que contempla sanciones de 2 años y no de 4, y no debe permitir que un grupo de empresarios, (en referencia a la AMA), hagan lo que quieran con el ciclismo".

"Queremos que los inocentes puedan demostrar su inocencia y que los culpables que deseen colaborar se puedan acoger a la ley española, que ahora incluye la reducción de la sanción", concluyó Pipe Gómez.