El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Pamplona afirma en el auto conocido este martes, por el que rechaza imputar al club por los delitos de corrupción deportiva, que de hecho Osasuna es en todo caso la víctima de presuntos comportamientos ilícitos de exdirectivos y exempleados.

Para Fermín Otamendi, el club rojillo no es autor de delito alguno y además los que ahora se investigan, no se cometieron en provecho de Osasuna.

Por ello el juez ha decidido que Osasuna se mantenga como acusación particular dentro del procedimiento abierto, en contra de lo solicitado por la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que habían abogado por la imputación del club como persona jurídica.

Osasuna "no puede ser considerado autor de ningún delito de corrupción deportiva sino víctima de los ilícitos comportamientos que, indiciariamente, han protagonizado algunos de sus directivos y empleados", sostiene Otamendi en el auto, que puede ser recurrido.

En él el juez indica que Osasuna "en ningún caso podría tener responsabilidad penal" por corrupción deportiva ya que no concurre una actuación a título de dolo o culpa y no se aprecia tampoco el requisito de que el delito se haya cometido "en provecho de la entidad", y de hecho califica de "plenamente válidos" los argumentos esgrimidos por Osasuna en sus alegaciones.

En segundo lugar Otamendi descarta que Osasuna careciera de mecanismos para prevenir la comisión de delitos por parte de sus empleados o directivos puesto que contaba con un gerente, una comisión económica y una auditoría externa de la LFP, pero "dichos mecanismos no funcionaron como debían haberlo hecho".

Por ello examina si se puede reprochar penalmente al club este indebido comportamiento, lo que le lleva a recordar que "Osasuna no se fundó para ganar dinero" y esto para sus socios es "completamente ajeno a la finalidad del club".

"Ni siquiera la permanencia a cualquier precio en la categoría superior del fútbol español es un objetivo que justificaría el sacrificio de los valores propios de cualquier club de fútbol y, más concretamente, de Osasuna", puntualiza el juez, que alude al número de socios, igual en Primera que en Segunda, lo que "evidencia el reproche de los comportamientos fraudulentos" de quienes, "al menos teóricamente, deben ser ejemplo de honradez y deportividad".

Otamendi señala que cualquier aficionado tiene asumido como "principio esencial" que "no todo vale para lograr un triunfo" y en el caso de Osasuna dedicar 900.000 euros de un "club arruinado" al "amaño" de partidos para mantener la categoría, una posibilidad "tan remota", y que "dependía de tantas variables incontrolables", "excluye" la comisión del presunto delito en provecho del club.

Una afirmación que el juez reitera al apuntar que incluso había otras alternativas deportivas que "hacían mucho mas posible la salvación" de Osasuna, como "primar a los propios jugadores para que echaran el resto".

Y por todo ello concluye que fueron "los directivos presuntamente implicados" en los hechos quienes optaron "por la peor de las posibles alternativas".