El juez José Manuel Martínez Borrego, titular del juzgado de primera instancia 39 de Barcelona, ha rechazado ampliar la acción de responsabilidad social al expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, así como al actual presidente, Josep Maria Bartomeu.

Esta era la pretensión de la defensa del expresidente del Barça, Joan Laporta, y de otros dieciséis directivos, a quienes el club reclama 46,7 millones.

Según los fundamentos ofrecidos por el juez, "la condena de los exdirectivos demandados a abonar la cuota de responsabilidad que les corresponde por los resultados económicos negativos generados durante el periodo de su gestión, puede hacerse efectiva sin necesidad de demandar a otros directivos o exdirectivos que acaso pudieran resultar también responsables".

Se refiere en este caso también a Javier Faus, Jordi Moix y Jordi Mestre —todos ellos miembros de la actual junta directiva de Bartomeu—, así como a los directivos Ferran Soriano y Marc Ingla.

"Que puedan existir otros exdirectivos responsables que no han sido demandados no implica que los demandados no puedan ser también responsables", fundamenta el juez.

Los 46,7 millones que se reclaman corresponden a las pérdidas económicas acumuladas durante el periodo de gestión de Laporta (2003-2010), que deben ser abonada mancomunadamente entre los componentes de la última junta directiva.

Además de la acción de responsabilidad social, la demanda ejercita, por acumulación, una acción directa contra la aseguradora Zurich por una cantidad de 25 millones de euros, que en el caso de ser estimada se tendrá que restar de la cantidad reclamada a los codemandados.