El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha admitido a trámite la querella presentada por la empresa pública Cantur por posible malversación de fondos públicos en la venta del Racing y ha acordado abrir una investigación sobre los hechos.

La decisión se ha adoptado en un auto dictado el pasado 10 de enero, difundido hoy por el TSJC, en el que el tribunal no resuelve aún sobre el fondo de los hechos, pero reconoce que la querella de Cantur tiene "verosimilitud" y podría encajar, "a nivel indiciario", con los posibles delitos que denuncia.

La empresa pública ha presentado una querella contra los exconsejeros cántabro Javier López Marcano y Ángel Agudo, responsables de Cantur y del área de Economía, respectivamente, cuando se firmó la venta del Racing al empresario indio Ahsan Ali Syed, en enero de 2011.

Su denuncia se extiende además al entonces responsable de la Coordinara de Empresas Públicas (CEP Cantabria) y del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Luis Egusquiza, así como al anterior propietario del Racing, Jacobo Montalvo, y a su empresa, Dumviro Ventures.

Cantur cree que en aquella venta se pudo incurrir en presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a ente público y delito societario por administración fraudulenta o desleal, y sostiene que la operación supuso una "pérdida irreversible" de casi 6 millones de euros para las arcas públicas.

En el auto, que se puede recurrir, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia cántabro acuerda admitir a trámite la querella y encargar a uno de sus magistrados que investigue los hechos denunciados.

Según se explica en el auto, la querella presentada por la empresa pública cumple los requisitos formales para ser admitida a trámite, entre ellos, el de "verosimilitud" de los hechos que denuncia.

Para el TSJC, la querella y la documentación aportada por Cantur reflejan, de forma indiciaria, que los responsables de la empresa pública "consintieron" la "pérdida directa y aparentemente injustificada" de casi 1,4 millones de euros, así como un "deterioro patrimonial indirecto" de otros 4,5 millones al renunciar, de forma "tampoco justificada", a las garantías que tenía el Gobierno.

A juicio de la sala, a la vista del relato de los hechos planteado por Cantur y la "abundantísima documentación" que acompaña a la querella, aquella operación habría supuesto "un beneficio injustificado para terceros", que encaja, "a nivel indiciario" -insiste-, con los presuntos delitos que denuncia la empresa pública.

Por todo ello, admite a trámite la querella, acuerda que se investiguen los hechos y ordena trasladar su decisión y toda la documentación a la Fiscalía y a los querellados, que pueden personarse en el procedimiento.

Los hechos serán investigados en el TSJC porque uno de los afectados, Javier López Marcano, sigue siendo en la actualidad diputado regional y tiene por tanto la consideración de aforado.