El Comité Judicial Independiente ha ratificado la sanción impuesta a la selección española de rugby, que se queda fuera del Mundial de Francia 2023, por alineación indebida de Gavin van den Berg, sudafricano de nacimiento, en dos encuentros del Campeonato de Europa clasificatorios para el torneo mundial.

Nigel Hampton, como presidente, Pamela Woodman y Frank Hadden confirman una deducción de diez puntos a la selección y una multa de 25.000 libras, así como otra que estaba suspendida de 50.000 por anteriores infracciones de elegibilidad durante la clasificación para el Mundial 2019.

De esta manera, Rumanía, tercera clasificada de la fase previa tras Georgia y España, es la selección que pasa a engrosar el Grupo B, mientras que Portugal será el conjunto que dispute la repesca en noviembre.

El rugby español ya fue advertido en 2020 por los tejemanejes con los jugadores nacionalizados

El Comité determina en su resolución que Van den Berg no había sido "residente" en España durante el periodo necesario de 36 meses antes de jugar con la selección española el 18 de diciembre de 2021 y el 5 de febrero de 2022.

"Los motivos del período de 127 días que estuvo fuera de España en el primer año de ese período de 36 meses no constituían 'circunstancias excepcionales' suficientes para permitirle una exención de estar en España durante al menos 10 meses en ese año, como exige el Reglamento 8. Por consiguiente, Gavin van den Berg no podía ser seleccionado ni jugar", indica la decisión.

"Al parecer, los representantes del club del jugador habían manipulado, sin que España ni el jugador lo supieran, los sellos de viaje del pasaporte del jugador para hacer creer que éste no había estado fuera de España durante más de dos meses (62 días) en ese primer año, con el fin de facilitar la reclasificación del jugador como jugador nacional en beneficio del club. Sin embargo, a pesar de los sellos modificados, el jugador había estado fuera de España durante más tiempo del permitido", añade.

La Comisión no sanciona a Gavin van den Berg a la vista de que entiende que los fallos que produjeron su infracción fueron en gran medida los de España al no poner en marcha los sistemas adecuados para comprobar la documentación.

España tiene derecho a apelar dentro de los 14 días siguientes a la decisión escrita completa y no se harán más comentarios hasta la finalización del proceso, precisa.