El juez de Huesca que instruye el caso 'Oikos', de amaños de partidos en el fútbol profesional español, ha autorizado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) la intervención de las cuentas bancarias de los 26 miembros de la plantilla del Reus en la temporada 2016-2017.

Así consta en los autos judiciales dictados este mes por el magistrado, a los que ha tenido acceso Efe, en uno de los cuales acuerda suspender las declaraciones de estos jugadores, inicialmente previstas para el 1 al 3 de septiembre próximo, a la espera de conocer en profundidad los movimientos realizados en sus cuentas.

Los investigadores pretenden determinar, a instancias de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, el presunto pago efectuado desde la Sociedad Deportiva Huesca de alrededor de 250.000 euros a los jugadores del Reus por ganar el partido que les enfrentó en junio de 2017 al Valladolid.

Los vencedores no se jugaban nada pero el Valladolid luchaba por meterse en el Promoción de Ascenso, algo que no logró y que sí hizo el Huesca, que acabó sexto la Liga regular.

En un auto dictado el pasado día 6, el juez autoriza a los responsables policiales a consultar el Fichero de Titularidades Financieras en relación a los jugadores del Reus en la temporada 2016-2017 en el marco de la investigación llevada a cabo por presuntos delitos de corrupción en el deporte y blanqueo de capitales.

En este escrito, el magistrado admite la existencia de indicios de ambos delitos, por lo que considera que la prueba de intervención solicitada "supera el test de proporcionalidad, necesidad e idoneidad" en el marco de las investigaciones realizadas.

En un breve relato de los hechos investigados, el juez apunta a que el equipo oscense, a través de su expresidente Agustín Lasaosa, de su exdirector médico Juan Carlos Galindo y de su contable Carlos Laguna, y en colaboración con prestamistas conocedores de la operación, entre ellos los jugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda e Íñigo López, llevaron a cabo el supuesto amaño.

En un auto posterior dictado el pasado día 21, el instructor amplía la prueba de intervención y permite a los investigadores el acceso no sólo a las cuentas corrientes y de inversión de los jugadores, sino a aquellas en las que dispongan de facultad de disposición como autorizadas.