Todos a juicio

Desde hace unos años, la actualidad política, social y económica de nuestro país –como ocurre en todos los de nuestro entorno– no se concibe sin la crónica de tribunales. Lo que antiguamente era una sección perdida en los periódicos, cubierta por el último meritorio de la redacción, se ha convertido hoy en la primera fuente de noticias que encabezan las secciones de nacional, sociedad, economía y local. Se ha denunciado la llamada judicialización de la política, pero el fenómeno es mucho más amplio, afectando a todos los ámbitos de lo público y lo privado. La crisis de la administración de justicia se explica en gran parte por el extraordinario aumento de la litigiosidad en todas las esferas sociales.

En cierto modo, es un signo de civilidad y de identificación con el Estado de Derecho que los ciudadanos arreglen sus diferencias invocando la razón jurídica, en lugar de emplear otros medios menos pacíficos. Aunque también es verdad que el planteamiento de un litigio privado ante los tribunales significa otorgarle una carta de naturaleza y una trascendencia que comporta siempre daños colaterales, tanto económicos como morales. Entre otras cosas, porque significa abdicar de la mediación privada o del arreglo amistoso; es como declarar públicamente un estado de enemistad. Recuerdo las palabras de Agustín García Calvo hace años, en la presentación de un libro sobre la justicia: «Todo el que acude a un juicio tiene ya perdido el pleito».

Hoy, cuando todo el mundo tiene la palabra «querella» en los labios en cuanto le pisan un pie, todas estas reflexiones no se entenderán. En la sociedad competitiva e individualista en que vivimos, los tribunales son una palestra más. Y cuando uno de los justiciables es un personaje famoso, no hay pelea más excitante ni espectáculo que provoque más morbo.