Un informe emitido el 21 de marzo de este año por el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, sostiene que el proyecto pergeñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra para restaurar las Reales Atarazanas, construidas en 1252 y declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), y transformarlas en un centro cultural, reduce de 13.690 a 13.208 metros cuadrados la "edificabilidad" total del recinto.

Este informe, recogido por Europa Press, es uno de los documentos esgrimidos por el Ayuntamiento hispalense para desestimar el recurso de alzada promovido por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), contra la licencia de obras concedida a la Fundación La Caixa para acometer el mencionado y controvertido proyecto de restauración y adaptación, tachado de "crimen patrimonial" por los colectivos conservacionistas.

Frente al mencionado recurso de alzada de Adepa, este informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística defiende, entre múltiples aspectos de índole normativa, que no media "ampliación" alguna de la construcción en el mencionado proyecto, promovido por la Junta de Andalucía como titular del mismo y la Fundación La Caixa como entidad concesionaria de su gestión, y diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra.

CUESTIÓN DE METROS CUADRADOS

Según el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, "de los datos obrantes en el proyecto, la edificabilidad actual de todo el recinto es de 13.690,72 metros cuadrados", mientras "la edificabilidad resultante, incluyendo las dos fases del proyecto, es de 13.208,51 metros cuadrados, cantidad obtenida de restar las demoliciones que se hacen en el Cuerpo de Guardia y la buhardilla y de computar las instalaciones bajo cubierta", según el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"En consecuencia, la edificabilidad del proyecto es menor que la actual, de donde se justifica la no ampliación en el cómputo total", señala este informe, según el cual, "puesto que no se materializa ampliación y que las obras en ningún caso son de reconstrucción, no es preceptiva la redacción de un plan especial". El mismo informe descarta "agresión alguna" a la alineación histórica del entorno del monumento, porque "la fachada del edificio a la calle Dos de Mayo permanece donde está, sin sufrir ningún cambio y en ningún caso la posible modificación de unos huecos de ventana o puertas surte el efecto de modificar la alineación".

El diseño avalado, de cualquier modo, plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.

"CRIMEN PATRIMONIAL"

Pero aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas lo tachan de "crimen patrimonial". Principalmente, critican que la iniciativa no recupere la cota original del monumento y prevea "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado", entre otros aspectos.

Además, critican la previsión de incorporar "micropilonos de hormigón a los pilares originales", lo que a su juicio supone "introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra" del monumento, sobre todo porque los micropilonos de hormigón "no salvaguardan el patrimonio arqueológico" del monumento.

Dado el caso, la Consejería de Cultura y la Fundación La Caixa anunciaron en su momento que el proyecto incorporará una excavación en la parte de la muralla almohade con una superficie de 1.200 metros cuadrados, que permitirá la recuperación integral de la muralla hasta la cota original de las atarazanas primitivas.

Al respecto, el informe emitido hace meses por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés) señala que el proyecto de intervención adolece en mayor o menor medida de una "carta de riesgos, estudios previos y un plan director", recomendando "suspender" la actuación hasta la redacción de tales documentos, para someter después el proyecto a las determinaciones de la carta de riesgos o el plan director.