Según ha explicado en posterior rueda de prensa la consejera de servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, la cuantía global asciende a 49,1 millones de euros, de los que el Ejecutivo autonómico aportará 25,9 (el 53%); los ayuntamientos, 22,3 (el 45%) y la Administración General del Estado, 853.966 euros (apenas llega al 2%).

Varela ha indicado que ahora, una vez se aprueben los convenios, el documento será remitido a los ayuntamientos, con el fin de que dispongan cuanto antes de los fondos. El Ejecutivo autonómico abonará la cuantía en dos pagos, el 50% después de la firma y el resto, a partir de septiembre.

UN GRAN ACUERDO

La consejera ha mostrado sus satisfacción ante la firma de los convenios. "Creo que se trata de un gran acuerdo que moviliza una importante cantidad de recursos y que hemos mantenido a pesar de la prorroga presupuestaria", ha indicado Varela.

Pilar Varela ha explicado que el convenio tiene por objetivo financiar los costes de los servicios sociales básicos que prestan los ayuntamientos tales como el personal, mantenimiento de centros y prestaciones.

En el apartado de prestaciones se incluyen los servicios de información y valoración de las demandas recibidas, las ayudas de emergencia, los programas de incorporación social, los servicios de tele-asistencia domiciliaria y ayuda a domicilio que reciben las personas no dependientes e iniciativas dirigidas a fomentar la vida activa y saludable de los mayores como Rompiendo distancias o los centros rurales de apoyo diurno.

Según ha manifestado la consejera, la aportación regional varía en función del tamaño de los concejos, con el fin de garantizar el acceso a los servicios en condiciones de igualdad. Así, los porcentajes oscilan entre el 43% de los municipios de mayor población y el 81% de aquellos con menos de 2.000 habitantes.