Fuentes del Gobierno regional consultadas por Europa Press han precisado que se ha dado instrucción para que en el futuro no haya ningún tipo de comunicación con la ciudadanía en ningún periodo electoral, ni siquiera cuando las comunicaciones sean para informar "de decisiones y acciones de Gobierno en beneficio común de la sociedad castellano-manchega, como era este caso".

Desde el Ejecutivo autonómico han recordado que la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, "cometió dos infracciones electorales" que supusieron un gasto para las arcas castellano-manchegas de cerca de 6.000 euros.

Así, citan como la primera de ellas un acto llevado a cabo en la fábrica de Senoble en Talavera de la Reina el 19 de mayo de 2014 durante la campaña electoral de los últimos comicios europeos de 2014. "Después de un largo recorrido judicial que llegó hasta el Tribunal Supremo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha tenido que pagar recientemente 1.500 euros en costas", añaden desde la Junta.

Añaden una segunda infracción cometida poco antes de las últimas elecciones autonómicas en mayo de 2015, cuando "se suspendió un acto de Cospedal de presentación del Programa de Desarrollo Rural del Gobierno, por considerarse campaña electoral", evento que iba a tener lugar en la localidad toledana de Menasalbas "por el que se tuvo que abonar 4.313 euros por parte de la Junta a una empresa de montaje, luz, y sonido".