El juicio por delito fiscal contra el presidente de Parqueolid, Luis María García Clérigo, y otras otras tres personas con las que, supuestamente, se habría concertado para defraudar a Hacienda más de 430.000 euros, ha sido finalmente suspendido para determinar el estado mental del referido empresario, que hace años sufrió varios ictus, y si es o no imputable desde el punto de vista penal.

Así lo ha acordado el Juzgado de lo Penal número 2, que ha optado por posponer el presente juicio, previsto para este lunes y los días 20, 21 y 22 de abril, a fin de conocer antes el resultado de la vista que se celebra el próximo 27 de abril en el Juzgado de lo Penal número 3 y donde, con participación de distintos peritos, se dilucidará si el presidente de Parqueolid puede o no ocupar un banquillo.

Fuentes próximas a su defensa, en declaraciones a Europa Press, insisten en que García Clérigo, tras varios ictus sufridos, padece un atrofia cortical y un cuadro de demencia que le incapacita para conocer y saber de los hechos por los que se le pretende juzgar, de ahí su carácter inimputable.

El juicio tenía que haberse celebrado en septiembre del pasado año contra el presidente de Parqueolid Promociones S.A, Luis María García Clérigo, y José Martín Giraldo y Fernando Mínguez Beltrán, administradores mancomunados, junto al primero, de Hotel San Pablo, así como contra por el administrador de Soincom, José Manuel Castro Piedrafita, si bien la vista tuvo que ser suspendida debido a que el tercero de los cuatro imputados se hallaba por aquel entonces en Chile.

El estado mental del presidente de Parqueolid no impidió el pasado mes de febrero que el Juzgado de lo Penal número 4 le impusiera un total de doce años de cárcel y una multa de casi 39 millones de euros por fraude a la Hacienda Pública durante los ejercicios de 2005 y 2006, en los que se concertó junto con José Manuel Castro Piedrafita, condenado también a nueve años y multa de 27,5 millones, para que éste le girara facturas por servicios ficticios que generaron un perjuicio al fisco de más de 3 millones de euros.

En esta segunda causa, pendiente de juicio, se acusa a los cuatro imputados de un delito de fraude fiscal cometido al ponerse de acuerdo los tres primeros con el titular de la empresa 'facturera' Soincom, Castro Piedrafita, a fin de que éste emitiera una factura por importe de casi 2.700.000 euros por servicios ficticios prestados a Hotel San Pablo con el único objeto de desgravación impositiva, con lo que el erario público dejó de ingresar un total de 430.098 euros que ahora se reclama, de forma conjunta y solidaria, a todos ellos.

Campus de la justicia

Se da la circunstancia de que Hotel San Pablo es la sociedad con la que actualmente negocia el equipo municipal de gobierno un precio por el inmueble como futura sede del Campus de la Justicia, después de que quedara descartada su ubicación en Girón-Huerta del Rey.

De la referida sociedad, cuyo objeto social incluía actividades de construcción e intermediación inmobiliaria, pasaron a forma parte en mayo de 2006, en calidad de administradores mancomunados Luis María García Clérigo, Germán José Martín Giraldo y Fernando Mínguez Beltrán.

En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los procesados una pena de tres años de prisión, multa de 800.000 euros y una indemnización, conjunta y solidaria, en favor del fisco de 430.098 euros, mientras que la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, eleva su petición hasta los cinco años de cárcel para cada uno—incluye falsedad—y las multas a 1.290.416 euros.