La ley catalana de transitoriedad jurídica, presentada el lunes y que regularía el camino hacia una eventual independencia de Cataluña tras el referéndum del 1-O, contiene entre sus 89 artículos varios apartados no exentos de dudas legales y polémica, tal y como han destacado varios medios de comunicación, políticos y periodistas. Estos son los más relevantes:

Es uno de los conceptos más criticados. La norma contempla la aprobación futura de una "ley del poder judicial y de la administración de justicia" por parte del Parlament. Hasta entonces, proclama la conversión del TSJ de Cataluña en un Tribunal Supremo propio y dice que su presidente -y los presidentes de sala- será nombrado por el president "a propuesta" de una Comisión Mixta que estará formada por miembros de la Sala de Gobierno del Supremo y del propio Govern. De hecho, el vicepresidente de esta comisión será el conseller de Justicia.

Para El País, la norma somete el sistema judicial "al imperio del Ejecutivo" y el sistema de nombramiento del presidente del Supremo es "algo insólito en la Europa democrática". El Mundo, por su parte, destaca que en la Comisión Mixta habrá mayoría gubernamental y que a pesar de que el fiscal general, este sí, sería  nombrado por el Parlament, "en la práctica lo será por el Govern, ya que dispone de mayoría absoluta".

Añade, además, que "el riesgo de politización de la Justicia también pende del método de selección de jueces, letrados y fiscales", ya que, por ejemplo, en el caso de aquellos que "pertenezcan a los cuerpos correspondientes al Estado español" estos deberán volver a concursas "a las plazas que se convoquen". El Español destaca que lo mencionado copia "lo peor de un sistema que los separatistas decían querer superar".

Los procesos penales contra los investigados o condenados por el proceso soberanista se sobreseerán o anularán, dice el texto. El colectivo Societat Civil Catalana critica que uno de los objetivos de la ley sea "liberar a representantes políticos de sus respectivos procesos judiciales por haber cometido una ilegalidad". Para El Periódico este es un aspecto "inquietante" de la ley.

Para ABC, la ley de transitoriedad es un "bodrio pseudo jurídico que no merece ni ser comentado" y la tilda de "hilarante". Por su parte, El Mundo cree que es una "ley golpista al margen del ordenamiento jurídico y de la legalidad internacional" y El País opina que "se inspira parcialmente en el dictado por el presidente Vladímir Putin para Crimea" y que es "radicalmente anticonstitucional y antiestatutaria".

El columnista de El Confidencial José Antonio Zarzalejos la llama "fantasmal proyecto de ley" y La Vanguardia considera que no aporta sorpresas, "otra cosa sería la posibilidad de desarrollarla mediante decretos tras el 1-O"; para el director de La Razón, Francisco Marhuenda, es un "disparate". La portavoz en el Congreso de los Diputados del PSOE, Margarita Robles, opina que es "un bodrio esperpéntico".

Esta es una norma de transición, ya que supuestamente será una futura Constitución la que se ocupe de regular "la configuración definitiva del nuevo Estado". No obstante, hasta entonces se autoproclama ley "suprema" y dice que quiere "asegurar la máxima continuidad posible a la regulación existente" y adopta para ello "el sistema institucional previsto en el Estatuto de autonomía".

Según La Vanguardia, "la Constitución española quedaría anulada pero no así todos los derechos que garantiza". El Español recuerda, sin embargo, que "por propia definición, ninguna ley puede derogar una Constitución". Para El Mundo sí quedaría desactivado el Estatuto de Autonomía una vez entre en vigor la ley.

La ley destaca que tras el referéndum  "el derecho de la Unión Europea mantiene su naturaleza y posición respecto al derecho interno" y que las futuras leyes europeas serán integradas en el ordenamiento catalán. Así, la norma presume que Cataluña seguirá formando parte de la UE, al menos en las primeras fases del procés, "pese a que ninguna autoridad comunitaria ha apoyado nunca esa tesis", dice El Mundo, que resalta que el documento "elude toda mención a un posible proceso negociador con el eurogrupo".

Para La Vanguardia, la norma no puede contestar a la pregunta de si Cataluña saldrá o no de la UE, porque es una cuestión que trasciende a su Administración. Por su parte, el expresidente del Parlamento europeo y exministro socialista Josep Borrell ha dicho este martes que si Cataluña se independizara de España "no tendría ningún apoyo internacional".

Tener o adquirir la nacionalidad catalana "no exige" renunciar a la española ni a "cualquier otra", especifica la ley. Esto significa que se contempla la doble nacionalidad. El ordenamiento español incluye la posibilidad de pérdida de nacionalidad si se reside en el extranjero y se adquiere voluntariamente otra nacionalidad, a menos que se pida conservarla. También contempla la firma de tratados de doble nacionalidad con otros países.

La Vanguardia, a este respecto, recuerda que "la doble nacionalidad no depende de un solo Estado". De hecho, la norma prevé que el Govern promueva "en el tiempo más breve posible, negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado". Es decir, prevé un tratado que, hoy por hoy, no estaría garantizado.

La norma deja en el aire varios asuntos a falta de negociación entre una Cataluña en vías de independizarse y el Gobierno español. Por ejemplo, la asunción de la parte de la deuda del Estado que corresponde a Cataluña, aunque la CUP ya ha dicho que "si no hay negociación, no hay asunción de la deuda"; la integración del personal de la administración española a la de la Generalitat; la subrogación de contratos; etc. Según El Mundo, la ley opta por "la política de hechos consumados" y da por hecho unas negociaciones que el Gobierno ha descartado ya.

La Administración de la Generalitat, "que incluye todas las administraciones de Cataluña", sucederá a la del Estado, dice la ley. Para El Mundo, esto supondrá la creación de un "Estado totalitario". El País añade que el próximo Parlament carecería de funciones constituyentes al estar supeditado a un "proceso de participación ciudadana hegemonizado por un foro social no electo" compuesto por "terminales subsidiadas del soberanismo".

En esta línea. el portavoz del grupo parlamentario del PPC, Alejandro Fernández, se ha referido a la ubicación temporal de la soberanía constituyente en un "entramado de organizaciones" como la entidad separatista Asamblea Nacional de Cataluña (ANC). El cuanto al Govern, según La Vanguardia, "ganaría poder en la medida en que el Parlament podrá delegar legislación al poder ejecutivo". Pero con excepciones: "La reforma de la propia ley de Transitoriedad, la regulación del proceso constituyente, la Constitución, los presupuestos y la ley electoral".

La norma habla de "zona económica exclusiva" y prevé que la Agencia Tributaria deje de tener la potestad recaudadora en Cataluña. El País critica que la "supuesta república catalana confiscaría, a la manera bolivariana, todos los bienes del Estado en Cataluña y se encargaría de la recaudación de impuestos y de la gestión de la seguridad social".