Primer Parque Nacional de España y, desde 1995, oficialmente Parque Nacional de Picos de Europa, abarca una superficie de 67.455 hectáreas tras la ampliación de febrero de 2015. Es el segundo de mayor extensión a nivel nacional y su régimen de protección afecta a numerosos propietarios de terrenos en Asturias, León y Cantabria, pese a lo que carece de un Plan Rector de Uso y Gestión, la herramienta que debe articular las directrices de gestión y conservación.

La letrada asegura que los profesionales especializados en materia medioambiental confiaban en que el nuevo Plan Director resolviese los conflictos y el descontento existente entre los propietarios de terrenos enmarcados en la red de parques nacionales. "Lamentablemente, nos encontramos con un instrumento duro y exigente en lo que a restricciones y limitaciones de bienes y derechos particulares se refiere", explica la abogada del despacho Pilar Martínez Abogados.

"Son cuestiones de gran calado sobre vulneraciones generalizadas de derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica o a la defensa; pero también a otros derechos de los ciudadanos, como a la propiedad privada y la función social que ésta debe cumplir; el derecho a la libertad de empresa o a ser resarcidos por la privación de bienes y derechos que estas figuras imponen para el territorio y los habitantes a los que afecta" prosigue Pilar Martínez.

Recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara respecto a la necesidad de incluir una memoria económica con partidas presupuestarias específicas para hacer frente a las necesarias indemnizaciones y compensaciones, por las limitaciones y restricción de derechos y bienes patrimoniales legítimos y previamente consolidados de los propietarios de terrenos afectados por las figuras de protección medioambiental.

La abogada alerta de la ambigüedad del documento en este aspecto, lo que dificulta la defensa de los propietarios perjudicados. "Se recoge una disposición derogatoria única, en la que se remite a la nueva norma, la elaboración y aprobación de los planes de Uso y Gestión que se encuentran en marcha. Nos preguntamos si se piensa tener en cuenta en dicha elaboración la clara jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en cuanto a la necesidad de inclusión de esta memoria económica para las indemnizaciones o si la Administración pretende ampararse en esta ambigüedad con la que ha creado la norma para defender una posición contraria a tal jurisprudencia".