La modificación de la ley de transporte marítimo de pasajeros de la Región de Murcia seguirá su trámite parlamentario habitual, pese a las críticas de PSOE y de Podemos por no presentarse en la Asamblea Regional como proyecto de ley, esto es, presentada por el Gobierno, y no como proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

La proposición del PP, que pretende simplificar los trámites administrativos para poner en marcha este tipo de servicios, había recibido una enmienda a la totalidad del PSOE, a la que también se ha sumado Podemos, por estar "de acuerdo" con el planteamiento.

Ambos grupos de la oposición critican que sea el grupo parlamentario el que presente la ley y no el Gobierno, con lo que la modificación no tenga ni información económica, jurídica, social ni medioambiental "precisa para un debate sereno y completo del fondo de la cuestión". Para el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, la propuesta del PP es una propuesta "con opacidad, falta de información y consenso".

La diputada del PP, Mónica Meroño, ha respondido a estas críticas aludiendo a que "nadie puede coartar la libertad de este grupo" a presentar la modificación como proposición de ley. En ese sentido, ha recordado a la oposición que los populares "nunca" les ha dicho qué deben y qué no registrar en la Cámara.

Durante el voto de la enmienda de totalidad presentada por los socialistas, el grupo parlamentario Ciudadanos se ha abstenido. Consideran que retrasar la modificación de esta ley se estaría "perjudicando" al sector del transporte marítimo, ya que deberían posponer el inicio de su actividad a cuando estén todos los trámites administrativos completos.

No obstante, los de la formación naranja han hecho una llamada de atención al PP, ya que según han expuesto, esta modificación corresponde a una directiva europea del año 2006. "La ley se puso en marcha en 2009, ya podía haberse adaptado entonces", han criticado.

La iniciativa del PP tiene como sentido agilizar los trámites para que se poner en marcha cualquier servicio. En este sentido, proponen que se cambie el régimen de autorización previa por la comunicación previa, algo que tampoco eximiría del cumplimiento de las obligaciones de los empresarios a la hora de poner en marcha sus servicios.

"Se de avanzar en esa comunicación previa que tendrá un control a priori y posteriormente tendrá control de la administración", ha destacado Meroño.

A raíz de esa comunicación previa, se hace que el servicio se pueda prestar "de inmediato" y será a posteriori cuando se comprueba que la documentación que se ha requerido es correcta y que se puede continuar con la actividad.

Tras el debate a la totalidad y el rechazo de la enmienda del PSOE, la modificación de la ley seguirá su trámite parlamentario habitual, ya en Comisión.