El conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha pedido disculpas a Ester Quintana, que perdió un ojo durante la huelga general de noviembre de 2012 presuntamente por un disparo de los Mossos d'Esquadra.

Lo ha hecho durante el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta de la diputada de la CUP Mireia Vehí, después de recordar que ya lo había hecho públicamente: "A nosotros nos duele lo que pasó", ha lamentado el conseller cuya cartera estaba en manos de Felip Puig en el momento de los hechos.

Jané ha reconocido que la pérdida del ojo de Quintana sucedió en el marco de una actuación policial, pero ha matizado: "Estoy seguro de que ningún efectivo quería causar ese mal", y ha subrayado que el caso está todavía en proceso judicial.

Ha recordado que tiene que haber una tarea de proximidad y de indemnización "cuando sea jurídicamente posible", y ha explicado que están revisando los siete casos de perdida de ojo por presunto impacto de bala de goma, para estudiar si se puede indemnizar a los afectados.

Vehí ha criticado las actuaciones de las brigadas antidisturbios de la policía catalana, ha lamentado que la Generalitat no se persone en el caso de Quintana pero sí cuando los agentes sufren heridas por pequeñas que sean, y ha ironizado sobre que esas heridas son normales teniendo en cuenta "la violencia con la que actúan" las Brigadas Móviles (Brimo) de los Mossos.

"Quiero defender la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra, su proximidad. Son tantos los ciudadanos que nos explica sus actuaciones cercanas y profesionales. Evidentemente, a veces hacen un uso legítimo de la fuerza", ha replicado el conseller, que ha recordado que antes de hacer ese uso hay una mediación, por lo que ha hecho hincapié en su confianza en el cuerpo policial.

El pleno del Parlament que empieza este miércoles a las 10 aborda los dos primeros debates a la totalidad de proyectos de ley del Govern de Carles Puigdemont: el del libro sexto del Código Civil catalán —relativo a obligaciones y contratos— y el del cambio climático.

El pleno comenzará con la sesión de control al Govern y se alargará hasta el jueves, con un orden del día que incluye nueve interpelaciones a los consellers y el debate y votación de seis mociones, entre las que destaca una de la CUP sobre la aplicación en los grados universitarios del 3+2, que podría suponer una nueva división de voto entre los partidos independentistas.

Este mismo miércoles por la mañana, tras responder preguntas de los líderes de grupo, Puigdemont viaja a Madrid para reunirse por la tarde con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy.

Pero el pleno continuará, con el debate a la totalidad del proyecto de ley sobre el libro sexto del Código Civil, que culmina la codificación del derecho civil catalán.

El conseller de Justicia, Carles Mundó, presentará el libro, que ya superó un debate a la totalidad en la pasada legislatura pero que no pudo continuar su tramitación por el adelanto electoral, y ahora llega al pleno con una enmienda de rechazo del PP.

El libro sexto regula los contratos de compraventa y de permuta, el de cesión de solar o aprovechamiento urbanístico a cambio de construcción futura, y los contratos de cultivo; en caso de compraventa, el código tiene en cuenta la capacidad del comprador de un inmueble de echarse atrás si el contrato prevé la financiación de la compra por una entidad de crédito pero finalmente ésta no lo concede.

Además, detalla la regulación de contratos, como el de custodia del territorio, el de integración ganadera, el de alimentos y el de pensión vitalicia.

El pleno debatirá después la ley del cambio climático, que presentará el conseller de Territorio, Josep Rull, y que llega a su primer debate sin ninguna enmienda a la totalidad: la iniciativa pretende reducir los gases con efecto invernadero y mejorar la adaptación al impacto climático.

Introduce, entre otros, el concepto de fiscalidad ambiental y crea un impuesto sobre la emisiones de CO2 en los turismos y furgonetas que se aplicará gradualmente desde 2018, fija el objetivo de reducir las emisiones citadas un 25% en 2020 y un 80% en 2050, y crea un fondo climático para impulsar medidas de este ámbito.

También se debatirá la moción de la CUP para que no suba el precio por crédito ni a grados ni a másters esta legislatura, y para impulsar una moratoria del real decreto 43/2015, que homogeneiza la duración de estos grados y másters.

Solicita que no se inicien algunos grados públicos de tres años de un máster público y que se impulsen espacios de debate sobre el modelo universitario en una república catalana.