"Cuando recibimos la notificación de la decisión del Tribunal Constitucional de anular la consulta la paramos tal y como la habíamos ideado", ha afirmado este martes por la tarde el expresidente de la Generalitat Artur Mas durante su declaración en el Tribunal Supremo como testigo en el juicio al diputado de PDeCAT y exconseller de Presidencia Francesc Homs por la consulta del 9N.

Respondiendo a preguntas de la abogada de la defensa, Eva Labarta, Mas ha explicado que la consulta se sustituyó por un proceso participativo del que se hicieron cargo 42.000 voluntarios y que las únicas similitudes entre ambos fue que "ninguno tenían efectos legales vinculantes" y que pretendían conocer la voluntad política del pueblo catalán, lo que en su opinión, era un mandato del Parlament.

"Intervine en todo momento para cumplir los mandatos del Parlament", ha afirmado el expresidente del Govern.

Además, ha asegurado que la notificación del Tribunal Constitucional (TC) "no recogía ninguna advertencia de las consecuencias legales que podría tener el proceso participativo" y ha añadido que pidieron "una aclaración al TC sobre qué cosas se tenían que suspender" y no la recibieron.

También ha recordado que el Gobierno tildó de "ocurrencia" el proceso participativo y se ha mostrado sorprendido de que una "ocurrencia" acabe en los tribunales. "La reacción inicial del Gobierno central fue de mofa, burla y menosprecio", ha dicho.

El fiscal Jaime Moreno ha descartado hacer preguntas a Mas porque ya está procesado en un juicio por la misma causa en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Al finalizar su declaración, el presidente del Supremo, Manuel Marchena, ha deseado "buen viaje" a Mas, a lo que este ha respondido: "Que tengan un buen juicio".

Mas, que este lunes ya acudió al Supremo para arropar a Homs junto a otro centenar de personas, ha sido citado como testigo de la defensa a partir de las 16.00 horas.

El expresidente catalán está pendiente de sentencia por los mismos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y tenía derecho a no declarar en contra de sí mismo.

Por ese motivo, aunque ha acudido como testigo, ha sido "advertido de su derecho a no contestar a aquellas preguntas que puedan resultar perjudiciales para su defensa", según aclaró el Supremo en su citación.

El alto tribunal juzga si Homs ha de ser inhabilitado para ejercer cargo público durante nueve años por prevaricar en relación con la consulta del 9N.

El procesado declaró ante el tribunal que la Generalitat no podía dejar de llevar a cabo la consulta para preservar los derechos de los ciudadanos, que la volvería a celebrar y que el Constitucional no fue claro al prohibirla, dado que no hubo advertencia de apercibimiento.

Excargos de la Generalitat de Cataluña que gestionaron servicios para la consulta independentista del 9N han testificado la mañana de este martes en el juicio que no recibieron la orden de pararla tras suspenderla el Tribunal Constitucional el día 4.

Al comienzo de su declaración el exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana ha asegurado que el afecto que tiene por Homs no le impedía decir la verdad.

Ha recordado que el 24 de octubre de 2014 firmó un convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña para que cediera los nombres y apellidos así como los domicilios de los mayores de 16 años empadronados en ayuntamientos catalanes a los que el entonces president Artur Mas remitió una carta para informarles del proceso de participativo del 9N.

Jordi Vilajoana ha añadido que se cedieron esos datos a la empresa que se encargó del envío de las cartas y que cree que el día 27 ya se habían remitido todas, es decir, antes de que el TC suspendiera la consulta.

Cuando el fiscal le ha vuelto a preguntar si los envíos no empezaron días más tarde, Jordi Vilajoana ha contestado: "Pues a lo mejor yo estoy equivocado de fechas, han pasado muchos años ya, pero yo creo que el 4 de noviembre -fecha de la providencia del TC- ya estaba todo enviado".

El exdirector del Instituto de Estadística de Cataluña Federico Undina ha declarado que se trató de una cesión temporal de la base de datos y que se comprobó que se destruyó el 21 de noviembre.

Como el fiscal le ha advertido de que cedieron datos de menores, a preguntas de la abogada defensora ha aclarado que el convenio para la cesión de los datos se ajustó a la legalidad y que antes de firmarlo pidió informes a los servicios jurídicos, que le aseguraron que la cesión estaba amparada por la ley.

El exdirector general de Atención Ciudadana y Difusión del Departamento de Presidencia de la Generalitat Ignasi Genovés ha recordado que Francesc Homs ordenó una campaña de publicidad institucional del 9N que se encargó Media Planning con un presupuesto superior a 813.000 euros.

Ha añadido que conoció la providencia del TC de 4 de noviembre pero que no recibió encargo alguno para paralizar la campaña ya que la Generalitat pidió una aclaración de la misma.

Ignasi Genovés ha comentado que no le extrañó que no le dieran instrucciones para parar la campaña tras la providencia del TC y ha añadido que de hecho la consulta se celebró el día 9 "con toda normalidad", a lo que el fiscal le ha hecho una observación: "Si hubiera sido con normalidad no estaríamos aquí".

Sobre esta cuestión ha testificado una exdirectora general de la oficina de Barcelona de Media Plannig, Marta Coll, que ha explicado que solo podrían haber paralizado la campaña por orden judicial o de Autocontrol o por petición del cliente, lo que no se produjo en este caso.

La exresponsable de Publicidad Institucional del Departamento de Presidencia de la Generalitat Mónica Osacar ha dicho que la campaña de publicidad se encargó por vía de urgencia y que siguió tras la providencia del TC pues no recibió orden alguna para paralizarla.

"Para mí era una campaña más pues teníamos otras muchas de los demás departamentos y no hablamos de cómo afectaba la providencia del TC; íbamos a mil por hora", ha comentado la testigo.

El exdirector jefe del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo del Departamento de Presidencia de la Generalitat Carles Fabró ha explicado que por decisión de Francesc Homs gestionó el montaje en un pabellón de la Fira de Barcelona del centro internacional de prensa para informar de los resultados del 9N ya que se esperaban unos 800 periodistas.

"La providencia del TC la conocí por los medios de comunicación pero no hablé con Francesc Homs sobre ella y no me di cuenta de que suspendiera las actuaciones ni recibí indicaciones para parar las gestiones", ha indicado.

De todas formas ha aclarado que aunque el proceso se hubiera suspendido y se hubieran retirado las urnas la actividad se celebraría igualmente en aras al derecho de información.

El director del Área de Negocio Externo de Fira de Barcelona, Pere Camprubí, ha recordado que aunque el presupuesto inicial para la cesión del pabellón fue de 97.000 euros al final el coste se incrementó un diez por ciento.

El juicio seguirá esta tarde con más testigos, entre ellos Artur Mas.